El pasado 26 de julio, el Congreso de El Salvador aprobó una controvertida ley que permite los llamados “juicios masivos”, los cuales implican audiencias con hasta 900 personas detenidas para determinar su veredicto final: libertad o continuidad en la cárcel.
Esta decisión enfrenta críticas y cuestionamientos de abogados penalistas salvadoreños y de quienes defienden los derechos humanos, ya que en todo el proceso para encarcelar a una persona hay falencias que vulneran el estado de derecho.
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Para comprender el significado de los “juicios masivos”, La Nación entrevistó a Lucrecia Landaverde, una abogada penalista con más de 12 años de experiencia en El Salvador, quien conoce de cerca lo que ocurre en el ámbito jurídico para los sospechosos y la defensa de estos.
Bajo el régimen de excepción vigente en el país centroamericano, ya se han detenido aproximadamente 72.000 presuntos pandilleros, dado que esta normativa permite detener a personas sin orden judicial. Esta nueva legislación pone nuevamente el foco de atención de la comunidad internacional en la situación de los derechos humanos en El Salvador.
Traslados a la cárcel
Bajo el régimen de excepción, “son unas capturas sin ningún filtro, que van desde una llamada anónima, que puede ser el vecino que quiere deshacerse de él porque le obstruyen entrar en su casa, hasta verdaderas denuncias”.
El proceso consiste en que el ejército o la Policía Nacional llega a las casas de los sospechosos, les solicita documentación y los traslada a la penitenciaría, sin que estos conozcan sus derechos o la causa de su detención.
Antes de iniciar el proceso judicial, durante los operativos se detiene a cierta cantidad de personas por departamento en El Salvador, es decir, por provincia. Esto implica que cada persona detenida durante un megaoperativo tiene un expediente abierto que comparte con otros detenidos. Por lo tanto, si en un departamento se captura a 600 personas y en otro a 300, se obtiene un total de 900 personas que compartirán un mismo juicio, enfrentando las mismas acusaciones, tal como se anunció.
La abogada Landaverde enfatiza que no existe una investigación previa, lo que implica que al juicio asisten tanto personas que efectivamente cometieron un delito como ciudadanos inocentes. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la justicia y el respeto a los derechos de las personas involucradas en estos “juicios masivos”.
En la primera audiencia, que puede tardar entre 12, 18 o 24 meses desde la detención, el proceso enfrenta obstáculos cuando los abogados y familiares se percatan de que su presunto acusado fue trasladado a otro centro penitenciario por diversas razones.
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Proceso de juicio
“Nos llevamos esa sorpresa de que la persona ya no está en el centro penal donde esperábamos que se instalaría la audiencia. No importa el lugar donde estén, pero deben contar con las condiciones tecnológicas óptimas para conectarse mediante una llamada virtual”, explica la abogada, pues esta es la forma en que se llevan a cabo los juicios.
En las audiencias por videoconferencia asisten el Tribunal, la Fiscalía, la Procuraduría, los defensores públicos, los abogados particulares y los acusados.
Durante estas sesiones, los abogados no pueden conversar con sus defendidos, según menciona Landaverde. “Nuestros defendidos no pueden declarar porque no fueron preparados por la defensa técnica para hacerlo, o porque deben guardar silencio y lo que digan podría ser usado en su contra. Estamos anulados, no podemos darles ni siquiera instrucciones, simplemente se conectan las pantallas, nosotros estamos ahí y a veces ni los nombres de los imputados se alcanzan a leer”.
Además, menciona que ha estado en juicios donde fueron acusadas hasta 400 personas y no se conoció la identidad de los reos, ni mucho menos si cometieron el delito o no. Así es como Landaverde considera que serán los juicios venideros. “El juez va a tomar una decisión condenando a esa persona porque la Fiscalía aportó el problema de la banda criminal, pero no establece si esas personas que están ahí son o no son criminales”, aclara la abogada.
Durante los juicios, la defensa técnica no podrá argumentar a favor de su defendido, pues según Landaverde no tendrán ningún espacio para hablar, y de esta forma serán acusados bajo el mismo expediente, pertenezcan o no a una banda criminal.
Persecución jurídica
Todos los casos de imputados tienen reserva judicial, lo que quiere decir que los abogados no pueden proveer ningún tipo de información, de lo contrario, serán suspendidos.
Esta “reserva es como un candado para proteger los expedientes, no porque la información sea tan valiosa, sino para ocultar las violaciones del proceso”.
Además, el ambiente en el que viven los abogados se convierte en momentos de frustración ante lo que sucede en cada juicio.
“Nos sentimos impotentes cuando vemos que toman decisiones desprovistas de toda formación técnica y jurídica, pareciera que desconocen absolutamente el debido proceso. Pero además de eso, nos amenazan con suspendernos o también con perseguirnos jurídicamente, donde el delito que nos señalan es que supuestamente colaboramos con las pandillas cuando defendemos a estas personas que son acusadas, aún cuando son inocentes”, relata Lucrecia Landaverde.
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Incluso, conocer la cantidad de reos que pueden ser inocentes es complicado para ellos, pero sí tienen una cifra que podría acercarse, “pudiéramos estar ante la mitad de esa población capturada (cerca de 36.000 personas), sin exageración, que puede que sean inocentes. El Gobierno no tiene cifras reales, sino que oculta información”, finalizó.
Además de los juicios masivos sin presunción de inocencia, también se conocieron informes que registran 172 muertes bajo custodia en los centros penales y 182 casos de agresiones.