La agencia calificadora Fitch se sumó, el martes 15 de enero, a la decisión de Moody’s y Standard & Poor’s de rebajar la calificación de la deuda nacional y dejar la perspectiva de la calificación en negativo, lo cual deja abierta la puerta para rebajas futuras.

En el caso de Fitch bajó la calificación dos niveles, de BB a B + debido a los déficits fiscales persistentemente amplios de Costa Rica, y las mayores necesidades de financiamiento a corto plazo debido a un fuerte calendario de amortización y restricciones de financiamiento del presupuesto, indicó por medio de un comunicado.

Esto sucede en un momento en el cual el Gobierno procura convencer a los diputados de aprobar un proyecto de ley que le permitiría al país vender en el exterior hasta $6.000 millones en eurobonos, en un plazo de cuatro años.

Los criterios de las agencias calificadoras son importantes para los inversionistas pues reflejan la capacidad de pago del país; no obstante, analistas consultados opinaron que ya el mercado había castigado al país –por medio de la exigencia de mayores rendimientos– antes de las decisiones de las agencias. Por lo tanto, no esperan grandes repercusiones luego de la decisión de Fitch.

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“La baja en la calificación de Moody’s y Standard & Poor’s no afectó el precio de los bonos (…) porque ya los precios los habían castigado monumentalmente desde antes (…)”, comentó Douglas Montero, director de Aldesa Fondos de Inversión.

Por su parte, el gerente de la Bolsa Nacional de Valores, José Rafael Brenes, señaló que el país tendrá que pagar el rendimiento por los eurobonos según su calificación, lo cual implicará un mayor costo de financiamiento para el Gobierno.

Inversionistas también valoran reforma, dice Hacienda

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, como en las ocasiones anteriores, no compartió la decisión de Fitch de rebajar la calificación porque argumenta que Costa Rica está en una mejor condición luego pasar la reforma fiscal.

“Los inversionistas le dieron una alta valoración a la aprobación de la reforma, incluso al voto de la Sala Constitucional”, dijo la Ministra.

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Aguilar añadió que espera que los inversionistas también vean la disciplina que han llevado adelante en la corrección de las finanzas públicas, aparte de los otros atributos positivos que tiene el país como la calificación de su democracia y su clima de inversión.

Ella recordó que las medidas administrativas anunciadas en mayo pasado, para reducir el déficit fiscal, se cumplieron en un 100%; que pagaron en forma anticipada las letras del tesoro al Banco Central y que la reforma fiscal comenzó a rendir frutos desde el 2018.

Tras este conjunto de medidas, Aguilar anunció que el déficit financiero del Gobierno Central concluyó en el 2018 menor a un 7% de la producción, cuando la proyección oficial era de 7,2%. Esto a pesar de que se restaron ¢300.000 millones de ingresos y que la producción creció menos de lo esperado.

“Ellos (Fitch) hablan del persistente déficit fiscal y fundamentalmente ese déficit fiscal se va a estar generando todavía en los siguientes años porque la reforma va a ir generando paulatinamente los rendimientos”, comentó Aguilar.

Fitch reconoció que el nuevo Gobierno aprobó con éxito una reforma fiscal, sin embargo, ve riesgos a la baja para la capacidad de las autoridades para lograr tales ahorros.

Aguilar respondió que hay un compromiso firme del Gobierno de aplicar la regla fiscal, que es un instrumento que limita el crecimiento del gasto corriente del Gobierno Central según sea la carga de la deuda y el crecimiento de la producción.

Tanto es así que presentaron un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa en el cual condiciona la emisión de los eurobonos a la aplicación de dicha regla a partir del segundo tramo de colocación.