A partir del martes 22 de febrero, técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y representantes del Gobierno iniciarán un ciclo de reuniones virtuales como parte de la primera revisión del acuerdo de ajuste fiscal negociado con el país.
El inicio de las conversaciones fue confirmado, este viernes, por la Presidencia de la República mediante un breve comunicado de prensa. “Se analizará y discutirá, como es usual, la evolución reciente de la economía y de las políticas económicas”, manifestó.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, sostuvo durante una entrevista en el progama Hablando Claro, de Radio Columbia, que los mejores resultados fiscales de Costa Rica en el 2021 abren la posibilidad de presentarle al FMI, en esta primera revisión, menos proyectos aprobados con respecto a la acordado.
Eso sí, Cubero ha dejado claro que la aprobación de la reforma de empleo público -que está pendiente de segundo debate en el Congreso- es un “minimum minimorum”, un requisito mínimo para poder tener la aprobación del Fondo, según señaló a La Nación la semana pasada.
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó este acuerdo el 1°. de marzo del 2021. Se trata de un Servicio de Facilidad Ampliada (SAF, por sus siglas en inglés) por aproximadamente $1.778 millones a 36 meses para ayudar a respaldar la recuperación de Costa Rica y estabilizar su economía.
Esta aprobación permitió al país recibir un primer tracto por $296,5 millones. Los siguientes giros se realizarían cada seis meses si el país cumple con las metas acordadas con el organismo.
Una parte de esas metas son numéricas y se refieren a un piso de saldo primario (diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno, excluidos los intereses), un piso de reservas monetarias, un rango para la inflación y un techo para la deuda pública. El Gobierno cumplió con dichas metas; incluso los resultados primarios fueron mejores a los esperados.
Pero el acuerdo incluyó también la aprobación de los proyectos de ley de renta global dual, exoneraciones (que ya fue rechazado en el Congreso), casas de lujo, dividendos de las empresas del Estado, reforma a la Ley General de Aduanas y un impuesto a la lotería. También figura reforma a la Ley Marco de Empleo Público.
De toda la agenda de iniciativas, la que presenta mayor avance es la de empleo público. El 8 de febrero pasado ,la Sala Constitucional indicó que este proyecto no contiene vicios de inconstitucionalidad, y con ello dio luz verde a los diputados para que la voten en segundo debate.
La aprobación de la primera revisión permitiría al país no solo tener acceso a otros $296,5 millones, sino que también facilitará el ingreso de recursos de otros organismos y enviaría una señal positiva a los inversionistas para una futura emisión de bonos de deuda externa por hasta $1.000 millones, como supone el Banco Central que se haría en sus proyecciones económicas del 2022 y 2023.