La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría, seis votos a favor y tres en contra, el informe final de investigación sobre petición de datos sin anonimizar en el cual proponen al presidente de la República, Rodrigo Chaves, la destitución de Róger Madrigal como presidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El documento final, aprobado este jueves 18 de abril, trata sobre la solicitud de información del BCCR a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), así como a los cuatro bancos más grandes del país, Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con la identificación de personas y empresas.
“Tras un escrupuloso análisis de las actuaciones del Banco Central bajo la dirección del presidente del BCCR, Róger Madrigal López, esta comisión no puede sino enfatizar la urgencia y la necesidad ineludible de su destitución del cargo”, se lee en el documento. Las razones que sustentan esta recomendación de la Comisión se basan en una serie de irregularidades que “comprometen la integridad y el buen funcionamiento” de la entidad monetaria.
Según el informe, la permanencia de Madrigal en el cargo comprometería la integridad y la credibilidad del Banco Central, ya que señalaron que el jerarca tomó decisiones “precipitadas y temerarias” que socavaron la confianza en el ente emisor.
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Los diputados también solicitaron la intervención de la Procuraduría de la Ética para que se inicie una investigación, con el objetivo de esclarecer cualquier posible irregularidad en la actuación del presidente del Banco Central y la gerente de la autoridad monetaria, Hazel Valverde.
Por su parte, también instaron a la Junta Directiva y a quien ocupe el cargo de la presidencia en el BCCR a respetar los principios de privacidad y confidencialidad en sus peticiones, cumplir con la normativa de protección de datos, así como mantener el diálogo interinstitucional, entre otros.
Este informe, aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión, así como el documento apoyado por minoría, pasarán al Plenario Legislativo. La apertura de este expediente de investigación contra el BCCR por la exigencia de pedir información sin anonimizar se dio el 21 de setiembre de 2023.
Durante las audiencias participaron los jerarcas del Banco Central, representantes del sector bancario y financiero y especialistas en datos, luego de que se aprobara la investigación tras conocerse la petición hecha a la Sugef por el BCCR.
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Criterios divididos
Durante la discusión del informe, los diputados que conforman la comisión expresaron criterios divididos en relación con los hallazgos de la investigación. Por esta razón, el documento fue aprobado por mayoría y no de forma unánime.
Kattia Cambronero, congresista del Partido Liberal Progresista (PLP), enfatizó que el BCCR justifica sus actuaciones en una opinión de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual se limita exclusivamente en el acceso a datos crediticios y no a una gama más amplia de información.
“Esta es una discusión que pasa por el respeto a la libertad de las personas de elegir dónde va su información. Indudablemente, no puede justificarse la elaboración de un indicador macroeconómico para hacer uso y abuso de la información de los costarricenses”, comentó Cambronero.
Fabricio Alvarado, diputado del Partido Nueva República, destacó que la petición de datos del BCCR tiene similitudes con el caso UPAD y ratificó su apoyo al informe que fue aprobado por mayoría en la comisión, pues consideró que el accionar del ente emisor fue desapegado a la legalidad.
“En primer lugar, está claro que para la elaboración de una estadística sobre el riesgo climático, no es necesaria la utilización de datos no anonimizados. En las audiencias, el presidente del BCCR, Róger Madrigal, y la gerente Hazel Valverde, no lograron demostrar una sola justificación para la solicitud de esta información sensible”, comentó Alvarado.
Dinorah Barquero, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), comentó que la votación deja claro que se deben resguardar los datos sensibles de las personas y sentar responsabilidades para quienes quieran violentar la ley.
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Por su parte, la legisladora Sofía Guillén, del Frente Amplio, afirmó que presentó un informe de minoría a la comisión, pues considera que existe el sustento legal para que se diera la solicitud de información a la Sugef. Este documento tiene conclusiones distintas al que fue aprobado con seis votos a favor y tres en contra.
Guillén argumentó que presentó este informe porque la Ley del Sistema de Estadística Nacional habilita la solicitud de datos personales de interés público a entidades como el Banco Central y que la entidad se encarga de hacer política pública que requiere de información certera.
La legisladora añadió que los indicadores producidos a partir de la información no anonimizada no se publican con identificación al momento de hacerse públicos. “Una cosa es el insumo, y otra es la salida del indicador (...) Entre más precisos sean los datos, mejores indicadores se pueden producir desde la política pública”, puntualizó.
Ada Acuña, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó que el informe de mayoría no se apega a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y que juzga al Banco Central con criterios que considera “poco objetivos”.
Acuña respaldó el informe presentado por Guillén, ya que considera que sus conclusiones sí se apegan al ordenamiento jurídico y a criterios objetivos. “Evidencia el informe de mayoría que hay desconocimiento de cómo se construye un indicador”, comentó la congresista.
BCCR actúa bajo la ley
En un comunicado enviado la tarde de este jueves 18 de abril, el Banco Central indicó que siempre actúa apegado al ordenamiento jurídico existente. Sin embargo, en el escrito no enfatizó directamente en el informe de la comisión legislativa.
“Las solicitudes de datos que el Banco Central ha realizado a la Sugef y a las entidades financieras tienen como fin último asegurarse de que las personas no van a sufrir un menoscabo de sus ahorros provocado por un manejo inadecuado de los riesgos en el sistema financiero nacional”, explicó el BCCR.
Según el Banco Central, la única forma de validar que el sistema financiero no está generando sobreendeudamiento en las personas es a través de la determinación de la deuda total que un usuario tiene, por lo que es necesaria la información de deudores, codeudores y fiadores.
El ente emisor subrayó que los datos de crédito son información privada de interés público y no son información sensible.
Añadieron que han desplegado esfuerzos continuos para evaluar con precisión los riesgos del sistema financiero, pero que siguen sin contar con la información requerida para hacer los análisis necesarios para evaluar la salud del sistema financiero nacional de forma global.
La Nación también envió consultas directas al BCCR y solicitó una reacción a Casa Presidencial sobre las conclusiones del informe de mayoría que fue aprobado este jueves 18 de abril en la comisión legislativa. Al cierre de edición, no se obtuvo una respuesta.