La absorción de Bancrédito, por parte del Banco de Costa Rica (BCR), fue la forma de quitarle al Gobierno “la brasa” de tener que ejecutar el respaldo estatal para salvar a la entidad bancaria de la iliquidez, en un momento de crisis fiscal.
Douglas Soto, gerente general del BCR, fue quien dio ese calificativo a la decisión de ponerle punto final a la historia del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
A su lado estaba Marco Hernández, interventor de la entidad financiera, y quien recomendó la fusión por absorción, como medida menos dañina para las finanzas gubernamentales.
Era el 11 de setiembre del 2018, el día después de que el Congreso aprobó la operación. La institución se cerró definitivamente el 30 de noviembre del mismo año, un siglo después de su creación.
Bancrédito le debía ¢132.000 millones al Ministerio de Hacienda, no tenía cómo pagarle, y el Gobierno no contaba con la capacidad de capitalizarlo como acción para cancelarse a sí mismo las inversiones hechas en la entidad.
La decisión se tomó como parte de una recomendación emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para salvar los activos de Bancrédito y no generar un impacto fiscal adicional al Gobierno al hacer efectiva la garantía estatal.
Previo al cierre, se liquidaron los 149 empleados de la entidad y se devolvieron los ahorros e inversiones a las personas.
El BCR recibió activos por ¢175.794 millones, que eran principalmente créditos e inmuebles. En diciembre del 2018, esta entidad pagó los ¢132.000 millones adeudados al Gobierno.
La debacle de la institución generó que, a cinco años de su cierre, el Ministerio Público acusara al exmandatario Luis Guillermo Solís y a cuatro miembros de su Gobierno por el cierre.
Tumbos financieros
La debacle de hasta el entonces tercer banco estatal se aceleró en los dos años previos a su clausura debido préstamos empresariales riesgosos que cayeron en morosidad.
Sin embargo, la entidad arrastraba varios años intentando encontrar su lugar en el sistema financiero, después de perder varios salvavidas estatales.
En el 2008, recibió la administración de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo y una capitalización estatal por $17,5 millones. Posterior a ambos episodios, su planilla pasó de 700 a 900 empleados con el fin de atender nuevos negocios; la banca empresarial había tenía un incremento relevante.
Sin embargo, en el 2012, dejó de administrar el fideicomiso de banca de desarrollo y, dos años después, las tiendas libres del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
A la pérdida de dichos ingresos, se unieron los impagos de créditos de compañías y generó una fuerte reducción de las ganancias de la institución bancaria a finales del 2016.
Tal resultado hizo que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ordenara un plan remedial a la entidad bancaria para enfrentar su deterioro financiero, tal como publicó La Nación en febrero del 2017.
En abril del mismo año, Hacienda invirtió millones de colones y dólares a corto plazo para elevar la liquidez de Bancrédito, como confirmó a este diario Helio Fallas, quien dirigía dicha cartera.
Ya en ese momento, Javier Cascante, entonces jerarca de la Sugef, había alertado al presidente Luis Guillermo Solís sobre la posibilidad de intervenir Bancrédito porque se corría el riesgo de que el banco cayera en cesación de pagos.
A partir de ese momento, el Gobierno ordenó al sector público elevar sus inversiones en el banco cuya sede central estaba en Cartago. El BCR tomó otra decisión y no renovó sus inversiones en la institución.
Pese a las ayudas temporales, la Junta Directiva de Bancrédito pidió al mandatario Luis Guillermo Solís el cierre de la institución, en octubre del 2017. En la última semana hábil de ese año, el Conassif aprobó la intervención.
En marzo del 2018, el interventor Marco Hernández concluyó que Bancrédito no era viable y recomendó que fuera absorbido por alguno de los otros dos bancos estatales, acción que al final ejecutó el Banco de Costa Rica.
El proceso de cierre del Banco Crédito provocó que, en julio de este año, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusara al expresidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y a cuatro miembros de su Gobierno, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.
El resto de los imputados son Helio Fallas Venegas, exprimer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero nacional.