Los asalariados afectados por la crisis provocada por el nuevo coronavirus no recibirán la totalidad del dinero acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) cuando soliciten el retiro de los recursos.

Las seis operadoras de pensiones complementarias (OPC) están obligadas a descontar una porción de dinero que va dirigido al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Así se lo indicó la Superintendencia de Pensiones (Supén) a las operadoras, en el oficio SP-420-2020, de este 6 de abril, en el que propuso los parámetros para entregar los recursos del FCL ante la actual situación de emergencia por la pandemia de covid-19.

“La reforma realizada a la Ley de Protección al Trabajador para la entrega del FCL (…), no modificó en ningún sentido el artículo 3 de esa misma ley, de modo que la entrega de recursos del FCL no cubrirá al 50% de los aportes que corresponde trasladar anualmente al ROP”, se detalla en la misiva de la cual tiene copia La Nación.

Dicha ley establece que el patrono debe aportar, al mes, el 3% del salario del trabajador al Fondo de Capitalización Laboral.

El 50% de ese dinero se traslada, en marzo de cada año, al ROP, después de acumularse por un periodo de 12 meses.

La otra mitad, junto con los rendimientos de las inversiones, son los recursos que los asalariados pueden retirar en los casos de reducción de jornadas y de suspensión del contrato de trabajo.

“Dado que los nuevos causales incluidos en la reforma señalada responden a una relación laboral concreta, consecuentemente los recursos a entregar deben ser los originados en las aportaciones realizadas por este mismo patrono”, se explica en el oficio firmado por Álvaro Ramos, jerarca de la Supén.

Para efectos prácticos, el monto que el trabajador podrá retirar no es el que se refleja en su estado de cuenta de febrero, sino en el que recibe en marzo, donde ya se encuentra deducida la transferencia de la mitad del aporte patronal desde el FCL al ROP.

En el oficio de 15 páginas, Ramos también plantea las reglas contables de cómo cada operadora deberá registrar la salida del dinero y la manera de informarlo a la entidad supervisora.

“Los retiros asociados a (…) los recursos del patrono que suspenda o reduzca la jornada laboral, no deben incorporar los aportes que deben trasladarse al ROP y no suspenden el conteo quinquenal”, detalló Ramos, en el oficio.

La Supén otorgó un día hábil, una vez recibida la misiva, para que las operadoras respondan en qué fecha específica podrán ajustar sus sistemas de registro y control a las nuevas disposiciones dictadas en el oficio.

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Los reforma a la Ley de Protección del Trabajador fue aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa el pasado 3 de abril y, al día siguiente, se publicó en el diario oficial La Gaceta.

Antes de la modificación, el FCL solo se retiraba por ruptura laboral (despido o renuncia), luego de cada cinco años o por el fallecimiento del trabajador, en cuyo caso los recursos se remiten a los beneficiarios.

Reglas necesarias

Las OPC destacaron que los lineamientos dictados por la Supén son urgentes porque, desde la aprobación en primer debate de la reforma, comenzaron a recibir solicitudes de clientes.

Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reconoció que tramitan entre 500 a 900 solicitudes diarias por cese laboral, suspensión o reducción de jornada de trabajadores. Previamente eran 500 las peticiones.

Maggi prevé que los trámites aumentarán considerablemente en los próximos días.

“Requerimos de la normativa aplicable a las nuevas formas de retiros, pues requieren de ajustes a los sistemas informáticos”, sostuvo el Gerente.

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Se prevé que esta operadora reciba el mayor flujo de solicitudes, pues de los 1,1 trabajadores cuyos patronos cotizan al FCL, un total de 443.830 están afiliados a esta empresa.

Las proyecciones de esa entidad es que, entre 88.000 y 265.000 clientes retirarán su ahorro luego de aprobada la reforma, lo cual significará el pago de ¢120.000 millones.

Por su parte, Mauricio Rojas, gerente de BCR Pensiones, comentó que, entre el día en que el Congreso le dio segundo debate a la reforma y este lunes 6 de abril, recibieron 609 peticiones de retiro del FCL.

Rojas enfatizó que están listos para iniciar los pagos de las liquidaciones del fondo y que solo requieren la emisión de las disposiciones de Supén.

En tanto, Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, recalcó que las OPC requieren de la emisión, por parte del supervisor, de los códigos y cuentas contables para el registro adecuado de la salida de recursos.

Alvarado confirmó que, hasta este lunes 6 de abril, habían recibido 180 solicitudes para el retiro del fondo por reducción de jornada o suspensión del contrato de trabajo.