María Lucía Fernández, jerarca de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), asegura que la institución supo de la situación que ocurría en Aldesa hasta cuando recibieron, en febrero, dos denuncias contra empresas reguladas del Grupo Bursátil Aldesa.
La funcionaria recalca que el marco de acción no les permite fiscalizar a Aldesa Corporación de Inversiones, negocio de desarrollo inmobiliario privado, que solicitó la administración por intervención judicial por problemas de liquidez el pasado 8 de marzo. Dicho trámite aún está en proceso.
Fernández confirmó a La Nación, el pasado 14 de junio, que la regulación bursátil ha protegido a los casi 2.500 inversionistas de Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, a quienes se les devolvió o trasladó su inversión a otra entidad supervisada.
– ¿Falló la supervisión en el caso de Aldesa?
– El ámbito de supervisión está restringido a las entidades reguladas. Nuestro ámbito de supervisión no puede ir sobre el resto de las actividades de Aldesa Corporación de Inversiones.
“Eso cuesta distinguirlo, pero la realidad es esa solo vigilamos y supervisamos las actividades del puesto de bolsa y la SAFI (sociedad administradora de fondos de inversión).
“Tanto es así que a la fecha de hoy, cuando Aldesa Corporación anunció su solicitud de administración por intervención judicial y Aldesa Puesto de Bolsa presentó la solicitud de desincripción, la parte regulada la hemos podido pasar totalmente.
“La supervisión siempre ha sido tan buena y ordenada que la protección del inversionista se ha garantizado. Todas las actividades se completaron. Se trasladaron de custodia más de $100 millones con 1.250 clientes y ¢13.250 millones.
“Los títulos valores de oferta pública se lograron trasladar a otras entidades reguladas. Adicionalmente todas las obligaciones de pago de operaciones de recompra fueron pagadas, los $20 millones. Es decir la regulación funciona, en todos los casos”.
– ¿Solo para quién estaba en el parámetro regulado?
– Todos recibieron o trasladaron sus dineros. En el caso de la fiscalización de los fondos de inversión. Ellos (Aldesa) han hecho la liquidación total de siete fondos de inversión en un total de $40 millones con más de 1.187 clientes.
“El reembolso de las inversiones se ha hecho en efectivo a todos estos inversionistas. Eso da la confianza para el inversionista que está en la parte supervisada, de que la regulación funciona. Ese es el perímetro regulatorio nuestro”.
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– ¿Aldesa Puesto de Bolsa hizo colocación privada de los proyectos en los cuales se pidió la intervención judicial?
– Sí hizo la colocación porque está autorizado a hacer ese servicio. En lo que estamos profundizando es cómo se prestó ese servicio.
”Si se reveló adecuadamente a los inversionistas, si efectivamente hicieron sus órdenes de inversión en eso. Si el inversionista recibió información, firmó contratos eso es por cuenta y riesgo por inversionista”.
– ¿Al ser el puesto de bolsa supervisado ustedes debían vigilar?
– No porque es entre las dos partes. Nosotros vemos el comportamiento del puesto de bolsa y si encontramos hallazgos nos corresponde actuar.
“La duda es si se habla de muchos inversionistas por qué ninguno había venido a poner una denuncia. ¿Será que las cosas estaban bien? Pregunto.
– Si en el negocio privado se usa la plataforma de una entidad supervisada. ¿Cómo se determina si la actuación del puesto de bolsa estuvo bien o mal?
– Mucho se determina por la denuncia del inversionista, sino le entregan estados de cuenta, que solicitó información y no se la dieron. Esos indicios nos permiten profundizar en la investigación para ver la actuación y cómo se desarrolla el negocio.
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– ¿El hecho de usar una entidad supervisada para negociar un instrumento no supervisado, no deja al cliente en una zona gris?
– Por eso nuestro consejo a todos los inversionistas es asesórese. Si le ofrecen un título valor, vaya al Registro Nacional de Valores. Es como cuando se quiere comprar una propiedad, se pide una certificación de la propiedad para ver si existe, no se compra sobre nada.
”Todas las emisiones en oferta pública están registradas en el Registro Nacional de Valores, sino está, el inversionista debe pedir una explicación de qué le están ofreciendo (para invertir) y dónde pone el dinero”.
– ¿No hay una línea difusa, pues al inversionista del puesto de bolsa, que es supervisado, le ofrecen un instrumento privado?
– Ahí es donde debemos determinar si las actuaciones del puesto fueron correctas. Ahora, si están los contratos de inversión, se puede hacer. Pero si encontramos debilidades o hallazgos de incumplimiento, nos corresponde abrir un procedimiento administrativo y sancionar a la entidad regulada.
”Si al inversionista el emisor de valores privados no le paga, tiene la capacidad de ir a cobrarlo por la vía judicial. Ese es el camino”.
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– ¿Debe replantearse la posibilidad de que los puestos de bolsa puedan ofrecer instrumentos de inversión privados y no regulados?
– Un reto que tenemos es incorporar reformas en la Ley Reguladora del Mercado de Valores para que le otorgue a la Superintendencia una mayor capacidad de emitir normas para que aquellos que hagan captación privada tengan al menos que divulgar un mínimo de información con cierta peridiocidad, con el fin de que el inversionista tenga conocimiento en el tiempo.
”Es necesario establecer ciertas normas prudenciales hacia los puestos de bolsa. Por ejemplo revelar los conflictos de interés. También establecer algunas limitaciones cuando se refiere al mismo grupo de interés”.