El Gobierno Central registra un ascenso en la deuda estatal con los tres fondos básicos de pensiones de Costa Rica y con el régimen de jubilaciones que brinda un ingreso mensual a adultos mayores en pobreza.
Los estados financieros de los cuatro sistemas muestran que, hasta setiembre pasado, la morosidad del Estado tenía un saldo de ¢826.660 millones, el cual está cerca de duplicar la cifra reportada en el mismo periodo del 2019, cuando era de ¢491.623 millones.
Los pendientes de pago más relevantes son con los fondos administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Con el régimen Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la mora era de ¢604.326 millones a setiembre anterior. Mientras que con el Régimen No Contributivo (RNC) era de ¢202.132 millones, según la información financiera de ambos sistemas.
Entre tanto, en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), gestionado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), el pago sin realizar era de ¢19.854 millones. Y en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial era de ¢441 millones, a setiembre anterior, según los estados financieros de ambos sistemas.
Los problemas de pago, en especial con el IVM, empezaron cuando la Junta Directiva de la Caja incrementó el aporte estatal del 0,58% a 1,24% en el 2016, según el informe Deuda del Estado con IVM, elaborado por la Dirección Financiero Administrativa de la Gerencia de Pensiones.
Actualmente, la contribución del Estado está en 1,57%. En el régimen del Magisterio y de la Corte, la contribución estatal es la misma que la del IVM, pues así lo establece la legislación.
En el caso del RNC, el monto pendiente se generó porque el Ministerio de Hacienda no trasladó los montos con destino específico del impuesto de venta (hoy impuesto sobre el valor agregado), el tributo a cigarros y licores y la parte de la contribución de los patronos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), indica el informe de la Caja.
Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, destacó que el aporte estatal excede de manera exorbitante la capacidad del Estado, especialmente en el IVM.
“Hay que resolver la capacidad de la Junta Directiva de la CCSS para aumentar la cuota estatal, sin tomar en consideración la capacidad económica del Estado”, criticó el funcionario de Hacienda.
Asimismo, cuestionó la contribución estatal a los fondos básicos dado que el Gobierno es el responsable constitucional de cubrir cualquier eventual faltante.
En el caso del Régimen No Contributivo la dificultad, añadió, es que la población con una pensión aumenta más rápido que el presupuesto anual de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, administrador de Fodesaf.
Durante este año, los equipos técnicos de la CCSS y Hacienda no lograron ponerse de acuerdo en el monto de la deuda estatal al IVM y al Seguro de Salud. Las negociaciones entre ambas instituciones se realizaban desde junio pasado.
Ahora el proceso de diálogo será asumido por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, y Nogui Acosta.
Rápido ascenso
El informe de la Gerencia de Pensiones, de marzo del año pasado, muestra que el pendiente de pago estatal crece, de manera acelerada, porque se da una combinación de aportes no efectuados y por multas de intereses atrasados.
El componente más relevante en el impago, muestra el documento, es la cuota del Estado como tal. Aunque también hay un incremento en aportes anuales del Gobierno por trabajadores independientes, asegurados voluntarios y contribuciones estatales de instituciones como la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Defensoría de los Habitantes.
“La deuda total del Estado con el Régimen IVM inició, en el 2015, con una cifra de ¢12.228 millones, sin embargo, para el 2021, la deuda finalizó en ¢462.146 millones (...) En otras palabras, en un periodo de seis años la deuda se incrementó en más de 38 veces de lo que inicialmente se tenía en el 2015″, se detalla en el estudio de la CCSS.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, reconoció que los impagos del Gobierno provocan escenarios complejos como la posibilidad que se barajó de utilizar las reservas del fondo del IVM para pagar pensiones, para el cierre de este año.
El uso o no de ¢51.380 millones de las reservas se conocerá hasta finalizado el 2023, apuntó el jerarca de Pensiones, quien contó que la institución se ha visto obligada a negociar el empleo de recursos destinados para el Seguro de Salud, en el Régimen No Contributivo, para afrontar la falta de presupuesto.
El próximo año, 140.000 pensiones para pobres podrían bajar de ¢82.000 a ¢68.000 porque Hacienda presupuestó ¢30.000 millones menos para este régimen. El Poder Ejecutivo destinó ¢177.000 millones, pero el gasto será ¢211.000 millones.
Por su parte, Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, explicó que cada mes envían a Hacienda el monto de las cuotas estatales pendientes de pago de los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del resto del sector privado.
Del saldo adeudado de ¢19.854 millones, el 89,7% corresponde al monto principal de las contribuciones morosas y el 10,3% restante corresponde a intereses.
Arias comentó que la legislación del fondo de jubilaciones del Magisterio Nacional establece un plazo de dos meses a Hacienda para pagar montos adeudados al régimen.