Los fondos de pensiones entrarán, en los próximos tres años, en un terreno menos fértil para invertir los recursos de las cotizaciones de sus afiliados.
Por un lado, el Ministerio de Hacienda —principal emisor del mercado nacional— requerirá vender menos bonos de deuda a raíz de la colocación de eurobonos, los créditos de apoyo presupuestario de organismo internacionales y la mejora en la recaudación.
Al tiempo que el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) se acerca al tope máximo permitido por la legislación de destinar el 50% de los recursos administrados en la compra de emisiones en el extranjero. De hecho, un estudio del Banco Central prevé que, en un plazo de 18 meses, se alcance ese límite, según el plan de colocación de títulos de deuda.
Precisamente son las operadoras de pensiones complementarias (OPC), administradoras del ROP, las que enfrentarán el mayor reto en la búsqueda de mejores rendimientos en la inversión del dinero de sus clientes porque están en un proceso de acumulación de dinero y pocos pensionados. El sistema tiene 2,9 millones de afiliados y 60.000 jubilados.
A diferencia de los sistemas básicos, como el Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o el Poder Judicial, que tienen una mayor salida de recursos al contar cada vez con más pensionados.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y gerentes de OPC consultados coincidieron en que al momento de alcanzar el límite de inversiones en el extranjero, se deberán buscar opciones atractivas de rendimientos en el mercado local.
También se deberá diversificar el portafolio, pues Hacienda reducirá el ritmo de captación. Por ejemplo, la Tesorería Nacional efectuó una captación neta equivalente al 6,8% del producto interno bruto (PIB) en el 2022; pero las necesidades de financiamiento serán de 4,3% del PIB, según el plan de endeudamiento de Hacienda.
Aguilar recordó que, el año pasado, se amplió la posibilidad de que las OPC eleven el monto de recursos administrados, del 10% al 15%, en vehículos de inversión relacionados con la administración de inmuebles, la inversión inmobiliaria, bienes raíces y desarrollo de proyectos.
Sin embargo, reconoció que la estructuración de esas nuevas opciones de diversificación no corresponden a las operadoras.
Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena, enfatizó que las operadoras tienen un flujo mensual de las cotizaciones de los afiliados y esos recursos no pueden esperar a que, en dos años o más, se estructure un proyecto de inversión de obra.
Él recalcó que el reto para los fondos de pensiones ya está encima porque el mercado interno no tiene la capacidad de absorber la liquidez del ROP, los fondos voluntarios y los regímenes básicos de jubilación (IVM, Magisterio Nacional y Poder Judicial).
A diciembre pasado, las OPC tenían invertidos el 59,3% de los ¢8.970.126 millones de sus clientes en emisiones de Hacienda, según una estimación hecha por La Nación con datos de la Supén.
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Advertencia externa
El estudio Operadoras de Pensiones Complementarias: Análisis de la composición de la cartera de inversión, elaborado por investigadores del Banco Central de Costa Rica (BCCR), proyectó que el ROP alcanzará el límite máximo del 50% de inversiones en el exterior, bajo el supuesto de que se mantenga el ritmo de colocación de fondos en el sector externo observado entre 2019 y 2022.
El informe, publicado en diciembre pasado, determinó una necesidad por parte de las OPC de comprar $4.680 millones durante el periodo de 18 meses.
Rocío Aguilar consideró que la proyección hecha en el documento del BCCR no se alcanzará en el plazo previsto por tratarse de decisiones que responden a situaciones coyunturales de mercado, así como a la política y asignación estratégica de las inversiones definidas por las OPC.
“Es claro que el límite de un 50% en mercados internacionales puede ser una barrera para la diversificación de los portafolios de los gestores, en el tanto no se desarrollen paralelamente esfuerzos por parte de los agentes económicos para ofrecer en el mercado local, más y mejores productos de forma que los ahorros de los fondos de pensiones se puedan canalizar en el desarrollo nacional”, afirmó Aguilar.
La Ley de Protección al Trabajador estableció, desde el 2000, que las OPC pueden invertir hasta el 25% del dinero administrado en el extranjero. Pero contempló que dicho porcentaje puede elevarse hasta el 50%, si el rendimiento real de las inversiones en valores nacionales es igual o menor que los rendimientos internacionales.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dictó, en octubre del 2018, las reglas para elevar las inversiones fuera del país. Mientras que, en el 2021, la Superintendencia de Pensiones (Supén) aclaró que las operadoras no requieren autorización para elevar sus inversiones en el extranjero.
Hasta diciembre pasado, las seis OPC registraron un saldo invertido en el extranjero de $4.470 millones, es decir, el 29,9% del total de recursos administrados del ROP, según una estimación hecha por La Nación con datos de la Supén.
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Riesgo cercano
Las operadoras consultadas por este diario coincidieron en que las inversiones en el extranjero favorecieron, durante los últimos años, a la diversificación de los recursos de sus clientes y la generación de mayores ganancias a sus clientes.
Esto aunque actualmente el portafolio, tanto de instrumentos locales como internacionales, registra minusvalías como parte del proceso de subida de tasas de interés por parte de bancos centrales para frenar el ascenso de la inflación.
Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, subrayó que si los mercados internacionales estuviesen fuera de alcance para las OPC, volvería los portafolios más ineficientes, al estar obligados a invertir los recursos del ROP solo en el mercado local.
Porras recalcó de que en el mercado externo se obtienen mayores rentabilidades, dada la inexistente liquidez de instrumentos de deuda local. “Una disminución en la oferta de títulos (de Hacienda) complicaría aún más la gestión”, aceptó.
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Para Héctor Maggi, gerente general de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los sistemas de pensiones, en especial los de capitalización individual como el ROP, son muy dinámicos y deben ajustarse a la realidad del mercado.
“Si el mercado nacional no se desarrolla, pues habrá que modificar el Reglamento de Gestión de Activos para que permita un porcentaje mayor en inversiones internacionales”, consideró el vocero.
Maggi comentó que hay países en los cuales los fondos de pensiones dejan de ser únicamente inversionistas de valores, y les permiten capitalizar y desarrollar empresas como parte de la diversificación de sus recursos.
Solórzano también mencionó el financiamiento de obra, pública o privada, con recursos de regímenes de pensiones. Pero, agregó, de este tipo de instrumentos hay muy pocos en el país y su estructuración puede tardar hasta dos años.
“Nosotros (las OPC) tenemos recursos frescos todos los meses y debemos buscar donde invertirlos”, dijo el jerarca de Vida Plena.
A diferencia de sus colegas, Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, consideró que las operadoras lograrán un balance adecuado de las inversiones en el mercado externo y Hacienda.
“En nuestro criterio el nivel máximo que alcanzaría el ROP en mercados internacionales se va a acercar al 35%, de acuerdo con los volúmenes mantenidos en ese mercado en la actualidad”, consideró Alvarado.
En tanto, Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC, dijo que en BAC Pensiones la estrategia de inversión establece un límite de inversión del 37% de los recursos del ROP en el mercado externo, por lo cual no llegarán al tope reglamentario del 50%.
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Ascenso acelerado
Los datos de la Supén muestran que, a partir del 2019, se dio un rápido ascenso de las inversiones de las OPC en el extranjero.
Durante ese año, las seis operadoras tenían en el mercado internacional un saldo de $1.657 millones y, para el 2020, se elevó hasta los $2.704 millones.
Sin embargo, el salto relevante ocurrió en el 2021, cuando el saldo invertido en el extranjero finalizó en $4.314 millones y, el año pasado, ya tuvo un menor incremento al cerrar en $4.470 millones, según la estimación de La Nación con datos de Supén.
Popular Pensiones es la operadora que, al cierre del 2022, tenía la mayor cantidad de recursos invertidos en el extranjero con un saldo de $2.124 millones, lo cual representó el 36,4% del dinero administrado de sus clientes. Mientras que BN Vital eran $797 millones, el 26,7% del régimen obligatorio.