Entidades financieras, como el Banco Popular y la Caja de ANDE, rechazan que el sobrendeudamiento de algunos trabajadores se deba a excesos en sus prácticas de colocación de crédito. Más bien, achacan la situación al aumento en el costo de la vida por encima del crecimiento de los salarios, al punto de que las cuotas de los préstamos dejan a estas personas casi sin ingresos para sobrevivir.
Según informó el Ministerio de Hacienda, hasta junio pasado habían 18.938 funcionarios que recibían sueldos líquidos por debajo del salario mínimo (¢214.230), 15% del total de la planilla que se paga por medio del Sistema Integra.
Tras un voto de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de no aplicar más deducciones de planilla a los trabajadores del Gobierno Central con un salario menor a ¢214.230 y respetar también la parte embargable de los funcionarios que ganan más del mínimo, e instó a los otros patronos a acatar la disposición.
LEA MÁS: ¿Cómo se calcula un embargo del salario? Sueldos mínimos recuperan su blindaje
El Banco Popular, la Caja de Ande, las cooperativas y las asociaciones solidaristas son parte de las entidades que pueden solicitar a los patronos hacer deducciones de cuotas de préstamos sobre el salario de los trabajadores. Sin embargo, ahora los asalariados que ganen el mínimo debería acercarse a pagar.
“Los bajos salarios en algunos puestos, aunado a aumentos en el costo de la vida como el que se atraviesa en estos momentos, pueden generar la necesidad de adquirir deudas para atender las obligaciones personales o familiares, las cuales pueden crecer a un punto en el cual el salario líquido es muy bajo”, comentó Miguel Mora, jefe de Gestión Cobratoria del Banco Popular.
“En los últimos años, el aumento (de los salarios) ha estado por debajo del costo de la vida, por lo que para aquellos funcionarios más vulnerables que necesitan cubrir sus necesidades básicas, lo hacen por medio del apalancamiento en entidades financieras”, añadió Manuel Calvo, jefe del Departamento Financiero de Caja de ANDE.
Calvo añadió que otro factor que ha incidido es la proliferación de entidades o personas que brindan el servicio de préstamos que no son regulados y, por ende, brindan una accesibilidad mayor a créditos, pero con condiciones de tasa y plazo menos favorables.
Para Alejandro Ortega, director ejecutivo del Infocoop (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo) también puede influir la información que se tiene sobre el deudor y hasta el desconocimiento de la ley.
“Una parte es la limitación del CIC (Centro de Información Crediticia) y que puede generar no tener el pleno panorama del acreedor, además, la ‘posible creencia’ que créditos con deducción por planilla tenían una certeza de ser recuperados. También podría darse el desconocimiento de lo que indica la ley”, dijo Ortega.
Estas entidades rechazan que hayan otorgado préstamos por encima de la capacidad de pago de las personas.
“El Banco no otorga créditos por encima de la capacidad de pago o que no deje disponible el salario mínimo de los trabajadores; sin embargo, debe contemplarse que después de otorgado el crédito, aspectos como las condiciones de ingreso, necesidades de gasto y obligaciones de los trabajadores pueden tener o presentar variaciones”, manifestó Mora.
Calvo también rechazó la responsabilidad del sobrendeudamiento. “Caja de ANDE es respetuosa de la normativa y como parte de ésta, cada entidad financiera debe crear una metodología de capacidad de pago. Con base en ésta y en otras variables tales como la morosidad y el comportamiento de pago histórico, es que Caja de ANDE ha otorgado créditos a sus accionistas”, respondió.
En el caso de Infocoop, Ortega explicó que no tienen ese detalle, pero es probable que en algunos casos ocurra (que se den créditos por encima de la capacidad de pago de las personas). Esto depende de cada entidad, sea cooperativa o no, porque se giran préstamos donde los acreedores no tienen toda la información del deudor.
Ortega consideró que sería recomendable que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) amplíe a todos aquellos entes que facilitan crédito a la población nacional, la obligación de alimentar el CIC para tener un conocimiento al detalle de cada sujeto de crédito y que no se circunscriba solo a las entidades supervisadas directamente.
Temen más morosidad
Los representantes del Banco Popular, Caja de ANDE e Infocoop consideran que la medida tomada por el Ministerio de Hacienda repercuta en una mayor morosidad de los deudores.
“Efectivamente, cabe la posibilidad de que la decisión pueda generar algún retraso en el pago de los créditos y una eventual repercusión en la morosidad”, indicó Mora.
Sin embargo, añadió, en un contexto económico complejo como el provocado por la pandemia, han planificado y ejecutado una estrategia de acercamiento y acompañamiento a cada cliente para atender sus necesidades específicas.
“Efectivamente, la decisión (del Minsiterio de Hacienda)... podría verse un incremento en la morosidad de estas operaciones, si estos accionistas no realizan el pago de sus operaciones”, consideró Calvo.
Para Ortega, es probable que la morosidad aumente, pero no solo en el sector cooperativo, sino en todo ente que haya otorgado crédito y su recuperación sea vía deducción de salario.
“Es un riesgo que se va a generar porque existen entidades financieras que fundamentan su gestión de recuperación en este mecanismo, por lo que deben implementar sistemas tales como pagos automáticos, deducciones de cuentas u otras aplicaciones tecnológicas”, añadió el director ejecutivo de Infocoop.