San José.
Una de las muchas consecuencias que puede tener el déficit fiscal es el atraso cada vez mayor en los pagos que realiza el Estado a las empresas que le proveen bienes y servicios, y eso es un problema que puede traer secuelas para toda la población.
Así lo advierte la Contraloría General de la República en su Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público 2017, publicado este lunes 4 de setiembre.
Las compras del Estado al sector privado en Costa Rica son muy grandes. De acuerdo con la Contraloría, al primer semestre del 2017 se ejecutaron ¢1,7 billones a compras públicas, 3% más que en el mismo periodo del 2016, lo cual representa un 5,3% del producto interno bruto.
"En un contexto de estrechez financiera como la actual, se podrían presentar demoras en los pagos a los proveedores, lo cual, a pesar de que dicha situación es normal dentro de la dinámica comercial entre las empresas, una ampliación excesiva o no prevista de este plazo podría conllevar efectos negativos sobre los proveedores, generando una reacción en cadena, dado que las empresas se ven imposibilitadas de pagar a sus propios proveedores, o incluso sus gastos corrientes", señaló la Contraloría.
Ante los déficits altos y constantes (gastos superiores a los ingresos que se recaudan principalmente por impuestos) que tiene el Gobierno desde el 2010 a la Tesorería Nacional se le hace cada vez más difícil atender los pagos y en este año ya se informó sobre problemas para realizar algunos.
El 28 de julio del 2017, el Gobierno admitió que sufrió falta de liquidez para cubrir a 160.000 beneficiarios de programas sociales del Gobierno y el 1°. de agosto el presidente Luis Guillermo Solís anunció que el Gobierno: "enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales".
Costo económico
Según la Contraloría, los atrasos en los pagos a proveedores pueden afectar el crecimiento económico, pues las empresas requieren los recursos para continuar produciendo.
También pueden generar un encarecimiento de los bienes y servicios que ofrecen las empresas como una forma de mitigar los atrasos en los pagos.La situación puede deteriorar también las utilidades de las empresas, sobre las cuales se cobran los impuestos.
Según estimaciones del Banco Central Europeo, el costo financiero de los retrasos en los pagos del gobierno a proveedores en proporción del producto interno bruto, puede alcanzar, en promedio, entre el 0,15% al 0,20%.
"Las empresas de mayor tamaño y giro comercial, probablemente, absorban mejor estas consecuencias, pero no así las empresas medianas y ni qué decir las pequeñas", comentó el economista Manuel Zúñiga.
Zúñiga también advirtió de los problemas que esto puede transmitir al sistema financiero.
"Todo proveedor se financia, por lo que si tiene tardanza en sus recuperaciones, a la larga, solicitará arreglos de pago con su intermediario financiero. Si esto se generaliza, el riesgo por atraso de pagos es latente, por lo que el sistema financiero, eventualmente, tomará medidas para mitigar sus indicadores de morosidad, haciendo mayores provisiones o exigiendo mayor calidad en las garantías", explicó Zúñiga.
Contraloría había advertido de riesgo de iliquidez
En el documento Presupuestos Públicos 2017, Situación y Perspectivas, publicado en febrero del 2017, la Contraloría analizó el tema de la liquidez, el cual se basó en un indicador de uso común como lo es la razón de pasivos de corto plazo (deudas) entre activos de corto plazo (tenencias a menos de un año).
El resultado en el caso del Gobierno es que éste dispone de activos líquidos suficientes para entre tres y cuatro semanas de vencimientos de pasivos.
"Por consiguiente se ve (el Gobierno) obligado a conciliar muy precisamente las necesidades y oportunidades de financiamiento de corto plazo, con el riesgo evidente de desfases", señaló en esa oportunidad el órgano contralor.
El economista Carlos Conejo comentó que ampliar los plazos de pago a proveedores es una opción que tiene el Gobierno en situación de falta de liquidez.
"Sin embargo tiene una serie de limitaciones. El principal riesgo es que se incrementa la incertidumbre sobre la capacidad real que tiene el Gobierno para asumir sus compromisos financieros, con los efectos conexos que este fenómeno tendría sobre el desempeño económico en el mediano plazo", comentó Conejo.
El otro camino que le queda al Gobierno es incrementar el endeudamiento interno, elevando las tasas de interés para incrementar la captación en el corto plazo, lo cual también tiene efectos en el mediano plazo, añadió Conejo.
Se intentó también obtener una opinión del Ministerio de Hacienda y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, pero no fue posible.