La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ahorrará ¢888.872 millones, entre este año y el 2032, en el pago de cesantía de sus empleados, por bajar el tope de 20 años a 8 años y el porcentaje de la anualidad, en acatamiento a la reforma fiscal.
Sin esta legislación, la institución habría tenido que pagar por cesantía ¢1.062.282 millones, en 12 años. En su lugar, desembolsará ¢173.410 millones por la jubilación de 15.447 trabajadores en dicho periodo, según proyecta el estudio Estimación del pago de auxilio de cesantía de los trabajadores de la CCSS, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la entidad, a finales del 2020, del cual tiene copia La Nación.
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El monto previsto de ahorro equivale a $1.384 millones (a un tipo de cambio de ¢641,99) y es suficiente para construir cinco centros médicos como el nuevo Hospital de Cartago, para el cual la Caja tiene previsto invertir $278 millones.
El informe actuarial muestra que la CCSS iba camino a una explosión en el gasto de prestaciones legales de sus empleados pues en promedio se iban a retirar 1.300 personas anuales, en 12 años.
El estudio efectuó una comparación de a cuánto ascenderá el pago de las prestaciones legales con el efecto reforma fiscal, entre el 2021 y el 2032, y cómo hubiera sido sin la aplicación de dicha ley, aprobada en diciembre del 2018 en la Asamblea Legislativa.
El resultado fue que, sin la legislación, la CCSS habría tenido un egreso en cesantía de ¢1.062.282 millones en los 12 años. Sin embargo, la institución autónoma destinará ahora solo el equivalente a 16,3% de esa suma en el pago de las prestaciones legales de sus trabajadores cuando se pensionan.
“La entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es el motivo por el cual se observa una disminución considerable del gasto por pago de cesantía, al pasar de un beneficio máximo de reconocimiento de 20 años a 8 años (...) producto de la promulgación de la Ley 9635, el gasto por concepto de cesantía experimenta una reducción significativamente importante”, concluye el análisis.
El informe muestra que, para este año, el egreso anual del beneficio iba a ascender a ¢42.000 millones y continuaría su crecimiento hasta llegar a los ¢162.721 millones, en el 2032. El incremento anual promedio se estimó en 13,3%.
En contraste, con la aplicación del tope de ocho años, el gasto para este año se estima en ¢14.027 millones y, en el 2032, será de ¢15.344 millones. Con la reforma fiscal el gasto promedio anual crecerá en 1,2% en 12 años.
“La diferencia se explica principalmente porque con la Ley 9635 el beneficio de cesantía se reduce a ocho años de salarios; además el porcentaje de anualidad de los profesionales en ciencias médicas se reduce de 5,5% a 1,94%. El de las enfermeras también se reduce de 3,5% a 1,94%, lo cual impacta en el salario de estos profesionales y por tanto en el monto de la cesantía”, explicó Luis Guillermo López, director Actuarial de la Caja
López añadió que en la reforma fiscal también se consideran incrementos menores en los sueldos, pues la ley nominalizó pluses salariales que anteriormente tenían variaciones porcentuales.
El estudio de la Dirección Actuarial sirvió para que la Caja disminuyera, durante este año, el monto de la provisión de prestaciones legales. En agosto pasado, el saldo de este rubro fue de ¢29.745 millones, es decir, una reducción del 43,1% respecto a los ¢52.362 millones al mismo periodo del 2020, según los estados financieros del Seguro de Salud.
La CCSS contaba, a agosto pasado, con una planilla de 63.723 empleados y por cada funcionario debe realizar una reserva anual, con base en su salario, para el momento de su retiro. El pago de la cesantía se financia mediante la contribución patronal, obrera y del Estado a la Seguridad Social. También con las ganancias de las inversiones de los recursos de la institución colocados en títulos valores en el mercado local.
Camino tortuoso
El auxilio de cesantía fue, durante los últimos años, un tema de conflicto en la CCSS porque, tal como lo informó La Nación en julio del 2015, la institución iba a reconocer 20 años de cesantía a sus empleados, en el 2016.
Dicha situación ocurrió a pesar de que, en mayo del 2012, la entidad autónoma anunció el comienzo de un proceso de reducción del beneficio, para dejarlo con un tope de 12 años, después de que se desatara una crisis financiera en la Seguridad Social, entre el 2007 y el 2010.
Sin embargo, ese mismo 2012, se desechó el proceso de disminución del tope a las prestaciones legales, pero no se informó de tal medida ante la opinión pública. Cuando representantes patronales, del sector cooperativo y del Estado se dieron cuenta de lo ocurrido presionaron para volver al compromiso de reducir el beneficio de prestaciones legales.
La institución comenzó otros estudios internos y, cuando aún no se había tomado una decisión, la Sala IV redujo el tope de cesantía de 20 años a 12 años para todo el sector público, en junio del 2018, al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada contra la convención colectiva del extinto Bancrédito.
Mientras la Caja esperaba que saliera la redacción final de la sentencia de los magistrados, en el Congreso se aprobó, en diciembre de ese mismo año, que para el sector público solo se iban a reconocer ocho años de prestaciones legales, tal como está establecido en el Código de Trabajo para el sector privado y el Gobierno Central.
En agosto del 2019, los empleados de la CCSS fueron a una huelga de ocho días en oposición a la aplicación de la reforma fiscal. El movimiento se levantó cuando Román Macaya, presidente de la Caja, pactó con los sindicatos un acuerdo que entre los aspectos claves estaba elevar la cesantía de ocho años a 12 años, tal como lo dictaba el voto de la Sala Constitucional.
Sin embargo, fue hasta setiembre del 2019, que la Contraloría General de la República emitió un criterio legal en el cual obligó a la CCSS a ajustar el pago de cesantía y los pluses salariales a lo establecido en la reforma fiscal.
Pese a la oposición de los gremios de la Caja a la reforma fiscal, el estudio realizado por la Dirección Actuarial demuestra el efecto positivo para las finanzas de la entidad administradora de la seguridad social.
El gasto en cesantía pasó de representar el equivalente promedio de 1,5% de los ingresos de la institución, a no superar el 0,5% para los 12 años.