En solo dos años, los 20 “propietarios” de ¢1.520 millones y $2,9 millones no lograron demostrar el origen de los fondos, los cuales, fueron congelados por entidades financieras debido a su condición sospechosa.
Los bancos y financieras reportaron esos dineros entre 2021 y 2022 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), tal como lo ordena un mecanismo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en el Reglamento de Prevención de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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Según el artículo 51 de dicho reglamento, el reporte de alertas tempranas debe realizarse cuando exista sospecha en las transacciones u operaciones relacionadas con flujos de dinero en efectivo o por transferencias del exterior, así como de cualquier otro instrumento o servicio financiero.
“Estas acciones preventivas por parte de los supervisados, representan el compromiso en la lucha contra las actividades financieras ilícitas y la adecuada implementación de los mecanismos de control”, mencionó la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar.
Además, las entidades financieras reportaron sospechas sobre múltiples transferencias desde el exterior sin explicación económica razonable, así como casos en los que las personas abren una cuenta bancaria únicamente para recibir fondos desconocidos y retirarlos en efectivo.
De acuerdo con el ICD, del total de alertas recibidas y gestionadas, el 71% fueron acogidas mediante la apertura inmediata de una causa penal. No obstante, la institución señaló que la cantidad de alertas debe ser mayor y para esto, las entidades financieras deben producir más información.
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