Las exportaciones costarricenses de piña fresca crecieron un 19% entre el 2013 y el 2017, al pasar de $816 millones a $970 millones, lo anterior, en medio de fuertes denuncias ambientales y sociales en contra del cultivo, las cuales ya trascendieron el ámbito local.
Según esas cifras de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), la piña es por ingresos el segundo producto individual de exportación de Costa Rica, solo detrás del banano.
El área sembrada de esa fruta era de 45.000 hectáreas hace cuatro años, bajó hasta 40.000 hectáreas en los dos siguientes y en el 2017 se recuperó a 44.500 hectáreas, de acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Todo eso sucede mientras la actividad enfrenta una serie de denuncias: presunta contaminación de mantos acuíferos y su impacto en acueductos; uso excesivo de agroquímicos; monocultivo en grandes extensiones; depósito de rastrojos o residuos de la planta en los cuales se reproduce la mosca del establo que ataca al ganado.
Además, y ante esas denuncias, varias municipalidades del país han acordado una moratoria piñera, que prohibiría más cultivo en su territorio, aunque estas declaratorias no son de acatamiento obligatorio.
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La Sala IV anuló en febrero del 2013 un acuerdo de moratoria piñera que había tomado la Municipalidad de Pococí, al conocer una queja presentada por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep).
Añadido a esas denuncias está el conflicto por la supuesta exportación de fruta convencional como orgánica, que enfrenta a dos empresas nacionales y que ya escaló desde el ámbito administrativo al judicial, e incluso internacional.
También hay una campaña internacional contra el impacto ambiental y laboral de la actividad, cuya última manifestación fue la divulgación de un documental de denuncia en Alemania.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, reconoció que esta actividad productiva tiene varios problemas y que, por eso, desde su despacho están en la tarea de buscar las soluciones.
Una de ellas es la prohibición ya decretada para el uso del agroquímico bromacil y otra, un acercamiento entre piñeros y ganaderos para buscar una salida negociada al problema de la mosca del establo que se alimenta de la sangre de las reses.
El jerarca de agricultura del actual Gobierno defendió, por otro lado, el aporte de esa actividad frutera en la generación de empleo en zonas rurales. Según Canapep brinda trabajo directo a 32.000 personas.
Las denuncias
El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp) y otras organizaciones denunciaron repetidamente la presunta contaminación de mantos acuíferos en zonas con altas extensiones de cultivo de piña, particularmente por el uso del bromacil. Se trata de un herbicida que se aplica a "suelo desnudo" y tiene alto poder de fijación en la tierra, reconoció el ministro Arauz.
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Esa consecuencia y otras colaterales a la muy rápida expansión del cultivo no se lograron prevenir, aceptó el ministro. "Quizá la rápida expansión de la siembra se hizo sin contar con la tecnología apropiada para neutralizar esos problemas", dijo Arauz.
Pero tras reconocer eso, el ministro manifestó que es partidario de solucionar los problemas y no de prohibir un cultivo que genera gran impacto económico. De ahí la prohibición del uso del bromacil, en mayo del 2017, con seis meses de gracia para que entrara a regir en diciembre pasado.
El MAG, agregó, también fue gestor de un acercamiento entre ganaderos y piñeros para superar denuncias mutuas y buscar salidas conjuntas, en este caso por la alta incidencia de la mosca chupadora que afecta a los animales.
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Arauz llamó a denunciar ante el ministerio respectivo los casos en que haya supuestos incumplimientos laborales.
El rector agropecuario se mostró preocupado por la internacionalización de los conflictos, pues las denuncias de todo tipo se recogieron en un documental televisivo que se publicó en Alemania recientemente, así como en otras publicaciones previas.
Hasta ahora la fortaleza de la certificación Global Gap, exigida por el mercado europeo, ha mantenido el prestigio de la fruta costarricense y no se han disminuido las exportaciones, según el Ministerio.
Sin embargo, también se internacionalizó el conflicto por la presunta exportación de piña convencional como orgánica a Estados Unidos. Arauz prefirió no referirse a profundidad acerca de este tema porque está en los tribunales de justicia, pero aseguró que se mantienen en contacto con autoridades sanitarias estadounidenses y hasta ahora no va afectar las ventas.
Dijo que en este último caso lo más preocupante es que el tema socave el prestigio del sistema de certificación de agricultura orgánica de Costa Rica.