Costa Rica aspira a contar con 37.000 carros eléctricos en cinco años

Proyecto de ley para bajar impuestos a estos vehículos fue aprobado en primer debate por los diputados.

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Tener una flotilla de 37.000 vehículos eléctricos en cinco años, o sea, en el 2022, es la meta de Costa Rica, si se aprueba la normativa que busca bajar los impuestos a estos carros.

El proyecto de Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico superó el primer debate en la Asamblea Legislativa este lunes 27 de noviembre.

De ser aprobado en segundo debate por los diputados, la reglamentación que promueve la importación de vehículos eléctricos en el país se haría oficial.

¿Qué implicaría esto? En primera instancia, que estas unidades, cuyo costo resulta elevado dado al oneroso sistema de batería recargable con el que funcionan, se harían más accesibles para la mayoría de usuarios.

Asimismo, la venta masiva de estos autos contribuiría con la iniciativa de Costa Rica de convertirse en un país carbono neutro para el 2022, pues se trata de vehículos ‘cero emisiones’.

La aprobación de este proyecto ocurre en una coyuntura en que entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), entre otras, se han dedicado a colocar, en todo el país, 18 estaciones de recarga para este tipo de vehículos.

Los carros eléctricos no emiten dióxido de carbono (CO2) al ambiente porque no tienen mufla, sino que son impulsados por electricidad que llega a una bobina y mueve el motor.

Según Luis Diego Ramírez, encargado de vehículos eléctricos del ICE, el parque vehicular del país es de 1.200.000 carros. De estos, alrededor de 350 son eléctricos; el resto, tradicionales o de combustión.

Detalle de las exoneraciones

Para motivar en las agencias de carros la importación de estos autos y, en los usuarios, la compra, el proyecto de ley propone una serie de exoneraciones para las unidades de este tipo que ingresen al país.

Por ejemplo, un carro eléctrico que actualmente cuesta $36.720 (¢21 millones), al entrar a regir la ley quedaría en $31.750 (¢18 millones).

Los impuestos de los cuales quedarían exentas estas unidades serían tres: el general sobre ventas, el selectivo de consumo y el de valor aduanero.

Se hace algún tipo de exoneración a los primeros $60.000 del valor CIF del vehículo. De estos, $30.000, quedan libres de impuesto en un 100%. Las exenciones al monto restante se aplican de forma escalonada.

El valor CIF (costo, seguro y flete) contempla el monto total del automotor al llegar a puerto, así como el seguro que debe cancelarse a la naviera, al transportista o a la aseguradora por el transporte de esa mercancía, y el monto que implica ese traslado.

“Si se quiere ver de esta manera, el ‘descuento’ máximo por unidad, sin importar el valor del vehículo, es de $18.000 (poco más de ¢10 millones), lo que equivale a no más de 24 salarios base del Poder Judicial, según establece la ley”, explicó Allan Blanco, encargado de Transporte Eléctrico de la CNFL.

Proyecto por cinco años

Blanco, quien ha impulsado los carros eléctricos en el país desde hace más de dos años, cuando el proyecto ingresó a la corriente legislativa, explicó que la normativa contempla un plan de exoneraciones por cinco años.

“Se parte de que sean cinco años porque ese es el tiempo que se estima para que los precios de las baterías de los carros, que son las que encarecen los costos en la industria mundial, bajen. Es como si se tratara de teléfonos celulares, que al principio son caros y luego, cuando se masifican, el precio se adapta al mercado”, aseguró Blanco.

Según el funcionario, una vez pasados esos cinco años, los costos de los automotores se harían asequibles y ya no haría falta la exención de aranceles para estas importaciones.

Esta misma regla no aplica para otros rubros relacionados con el tema, por ejemplo, partes y sistemas de ensamblaje de carros eléctricos, los cuales tendrían hasta 10 años de exoneración, según lo establece el proyecto de ley.

Llamado a la sociedad civil

Además de involucrar a usuarios y agencias, el proyecto de Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico motiva el cambio de la flotilla de transporte público por una eléctrica, involucrando buses, taxis y tren eléctrico.

Asimismo, insta a los grupos sociales, legalmente constituidos, a participar en el debate. Eso sí, apegados a las disposiciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que sería el ente rector de la normativa, y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que coordinará buena parte de las acciones.

Una de esas agrupaciones es la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), que se constituyó formalmente hace tres meses.

“Somos un grupo de usuarios de carros eléctricos que estamos convencidos de que son excelentes y que debemos promoverlos… Yo tengo un Nissan Leaf desde hace año y medio; desde entonces, no gasto en gasolina y no contamino”, expresó Érick Orlich, presidente de este movimiento.

Otro de esos grupos es Costa Rica Limpia, del cual forma parte Mónica Araya, dueña de un BMW i3.

“Lo que disfruto más es poder cargar el carro en la casa, o sea, que se pueda conectar a un enchufe. Si uno pudiera ver a futuro y considerara la idea de tener un panel solar, uno va a estar en un modelo de casa donde podría usar la misma electricidad generada dentro de esta para cargar el carro”, aseveró la usuaria.

Según cuenta Araya, el vehículo lo carga en la cochera de su casa, en un tomacorriente de 110 voltios.

“Algo importante para decirle a la gente es que estos carros, cuando están en presa, no consumen electricidad”, concluyó.

Apuesta inmediata del Gobierno es el tren eléctrico

Aunque el proyecto de Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico insta a migrar todo el sistema de transporte público a uno de tecnología ‘cero emisiones’, la solución más inmediata a esto es el tren eléctrico, indicó Ronny Rodríguez, jefe de despacho del Viceministerio de Energía.

Dicha iniciativa, que se coteja desde el Gobierno anterior, propone electrificar toda la red ferroviaria del país por un monto de $1.700 millones.

Sin embargo, por el momento, ni siquiera ha sido posible adjudicar la licitación para echar a andar la primera etapa del proyecto, que contempla la línea entre Cartago y San José.

Pese a esto, Rodríguez explicó que el tren eléctrico es preponderante en cuanto a transporte público masivo.

“El tren eléctrico es la prioridad. El transporte de autobús es diferente. La tecnología para autobuses no está totalmente madura. Entonces, es muy probable que en autobuses uno hable de híbridos o híbridos enchufables y totalmente eléctricos”, aseveró el funcionario.