Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación, y estas son las noticias más importantes de la semana.
Un estudio actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) corroboró uno de los frutos de la reforma fiscal del 2018, casi tres años después de su aprobación en la Asamblea Legislativa.
Producto de la reforma, la CCSS se ahorrará ¢889.000 millones entre el 2021 y el 2032 en el pago de cesantías, dinero suficiente para construir cinco centros médicos como el nuevo Hospital de Cartago.
El ahorro, que debe ir en beneficio de los asegurados, es producto de la decisión del Gobierno y de una mayoría de diputados de limitar a ocho años el pago de las cesantías en todo el sector público, conforme lo establece el Código de Trabajo. En la CCSS, la cesantía era de 20 años antes de la reforma.
El estudio actuarial de la Caja mostró que la institución iba camino a una explosión en el gasto de prestaciones legales pues, en promedio, 1.300 empleados se iban a retirar por año, en un periodo de 12 años.
Además de la reducción del tope de cesantía, influyó la decisión política de reducir a un 1,94% el pago de las anualidades, pues la CCSS pagaba hasta un 5,5%.
La reforma fiscal del 2018 no fue una decisión fácil. Conllevó una huelga de más tres meses en el sector público y sus resultados no se verían en el corto plazo. No era algo fácil de lucir como una carretera o un puente.
La Contraloría General de la República también ha confirmado que, producto de la reforma fiscal, el gasto en salarios del Gobierno Central presentará un decrecimiento histórico en el 2022.
El presupuesto salarial se reducirá en un -2,1%, con lo que se rompe la tendencia de los últimos años, en los que esta partida crecía a un ritmo del 5,5% anual.
La tarea no ha acabado. Le corresponderá a los futuros gobernantes administrar los ahorros en beneficio de los contribuyentes y de la estabilidad del país.
Asimismo, la llegada de la pandemia en el 2020 puso de nuevo a los políticos ante el trago amargo de situaciones difíciles como la del 2018. La situación fiscal empeoró con el confinamiento y el país se vio obligado a negociar un crédito de condiciones blandas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para bajar el peso de los intereses de la deuda pública.
Como parte del acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a emprender ajustes estructurales en el gasto y en los ingresos para equilibrar las finanzas públicas.
El plan de empleo público, otra reforma de difícil aprobación, entró esta semana en cuenta regresiva en el plenario después de dos años y medio de trámite. Al establecer el salario global, este proyecto evitará crecimientos constantes en el gasto salarial producto de los incentivos.
En cuanto a los ingresos, cinco expresidentes de la República urgieron esta semana a los diputados a agilizar el trámite de los proyectos como renta global, impuesto a casas de lujo y eliminación de exoneraciones.
Los exmandatarios advirtieron de que “la próxima administración enfrentará la necesidad de continuar por el camino de la consolidación fiscal y, para que esa difícil vía sea más transitable, el convenio con el FMI es imprescindible”.
El lunes, en su reunión de fracción, los diputados de la bancada de Liberación Nacional (PLN), la mayor del Congreso, se comprometieron a avanzar con los proyectos de la agenda del FMI después de meses de evadir el tema.
Otro proyecto difícil dio un paso esta semana, cuando una subcomisión de la Comisión de Infraestructura recomendó aprobar el crédito de $550 millones que financiaría el aporte estatal para el tren eléctrico, un proyecto que se atascó por rivalidades políticas, pese al desastroso estado del tránsito en el país.
El Incofer aclaró que el próximo gobierno podrá modificar el proyecto según su criterio. Ahora, el financiamiento podría caminar luego de dos años de entrabamiento en el Congreso.