Avanza proyecto para congelar por 2 años desalojos en costas

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Un proyecto de ley para congelar durante dos años los desalojos de habitantes de las zonas costeras, quedó esta semana a las puertas de ser aprobado en el Congreso.

Luego de que el plan fue dictaminado afirmativamente por unanimidad en la Comisión Especial de Turismo, la fracción del PLN confía en que la próxima semana recibirá el primer debate.

Fabio Molina, jefe de la fracción liberacionista, explicó ayer que todo dependerá de una negociación con Acción Ciudadana para analizar sus inquietudes sobre el proyecto de investigaciones biomédicas

El plan dictaminado el martes anterior beneficiaría a miles de pobladores de la zona marítimo-terrestre (ZMT), una franja de propiedad estatal que corre a lo largo de los 1.412 kilómetros de costas que tiene el país.

La ZMT contempla los 50 metros públicos inalienables desde la línea de marea baja y los 150 metros siguientes de carácter restringido.

En 1977, con la promulgación de la Ley de Zona Marítimo-Terrestre, se les ordenó a las municipalidades de los cantones costeros desalojar y destruir las edificaciones ilegales en la franja estatal.

En los últimos años, a raíz de llamadas de atención de la Contraloría General de la República, los ayuntamientos intensificaron la aplicación de ese mandato.

La iniciativa en trámite en el Congreso detendría esas acciones.

Además, se suspenden las demoliciones en los dos kilómetros de franja fronteriza y en los terrenos que son patrimonio natural.

El plan lo avalaron por unanimidad Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana (PUSC) y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Condiciones. El texto deja claro que la moratoria no concede títulos a los ocupantes de la ZMT ni permiso para modificar edificaciones o actividades existentes, a excepción de que exista una orden sanitaria.

Además, no se suspenderán las ejecuciones de sentencias judiciales o administrativas en las que se haya comprobado daño o amenaza ambiental.

Por otra parte, se le ordena al Estado asegurarse de que no se den nuevas ocupaciones y tomar las medidas para ordenar, en definitiva, el problema de la ZMT.