Desde hace 17 meses, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) investiga si el ICE tiene en desuso frecuencias clave para desplegar tecnología 5G en el país. A falta de pronunciamiento, la Contraloría General de la República le dio hasta la próxima semana para tomar una decisión.
Se trata de pesquisas que se iniciaron ante la aparente imposibilidad del Gobierno y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de consensuar una devolución por mutuo acuerdo.
Por esa razón, el 4 de marzo de 2022, el entonces presidente Carlos Alvarado y la entonces ministra del Micitt, Paola Vega, nombraron un órgano directivo responsable de indagar eventuales infracciones ligadas a la asignación de segmentos de frecuencia de 3500 Megahercios (MHz) y frecuencias de 2600 MHz.
Un segmento está en poder del ICE y otro lo tiene su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. Ambos estarían ociosos o subutilizados.
Todo este espectro es objeto de controversia, ya que tanto empresas privadas como la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) consideran que son de interés comercial para la subasta de frecuencias que esta última promueve para atraer inversiones y promover la evolución de la telefonía móvil.
Incluso las firmas extranjeras están descontentas y alegan discriminación en la asignación de frecuencias para 5G, debido a una desigualdad en la cuota dada al ICE por lo que han instado al Gobierno a cumplir sus compromisos suscritos en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) con la apertura del mercado de telecomunicaciones.
Resolución final
El 4 de agosto pasado, la Contraloría ordenó a la actual jerarca del Micitt, Paula Bogantes, remitir a la Presidencia de la República los documentos necesarios para que el Poder Ejecutivo emita la resolución final en ambos procedimientos administrativos, según lo precisó en el oficio DFOE-CIU-0331 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
Además, solicitó que acredite el cumplimiento de esta orden en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha de emisión del oficio, mediante una certificación que confirme el envío de toda la documentación correspondiente al acto final de cada proceso administrativo a la Presidencia de la República. Ese plazo vence el lunes 4 de setiembre.
Asimismo, la Contraloría le instruyó enviar un comunicado en un plazo no superior a dos meses que informe de que el acto final fue firmado y notificado a todas las partes involucradas.
La Nación envió consultas tanto al equipo de prensa del Micitt como a la ministra Bogantes. Se le preguntó entre otros asuntos, de que si en caso de determinar que esas frecuencias están en desuso, serían incluidas en el cartel de licitación de la subasta que prepara Sutel, previsto a divulgarse a finales de este año, con el propósito de despertar el interés de potenciales inversionistas en el sector
Al momento del cierre de esta nota, ni la entidad ni la ministra habían comentado respecto a estas preguntas.
Qué podría pasar
El órgano director debe recomendarle al Poder Ejecutivo cómo proceder y este luego deberá resolver lo que en derecho corresponda mediante una resolución, la cual puede ser impugnada por Racsa y por el ICE en sede administrativa y que, en este caso, también correspondería al mismo Poder Ejecutivo resolver.
Si las autoridades extinguen la concesión de ese segmento de bandas a Racsa, esa subsidiaria del ICE tendría la posibilidad de acudir a los tribunales contencioso administrativos a solicitar medidas cautelares y buscar una reversión del acto.
De ser así, retrasaría aún más la recuperación de las bandas, las cuales solo podrían reasignarse para 5G una vez agotadas todas las instancias legales .
Luis Adrián Salazar, quien fue ministro de Ciencia y Tecnología del 2018 al 2020, en la administración de Carlos Alvarado, dijo que la recuperación de estas bandas era necesaria como lo apuntó la Contraloría.
Según explicó, esto generaría condiciones de igualdad en este mercado en competencia, eliminaría concentraciones de frecuencias en el ICE y brindaría seguridad técnica y jurídica a empresas interesadas en invertir en el mercado de 5G local.
“Esperemos que si se declara ocioso el espectro se incluya en la licitación que se avecina. Ha existido voluntad política y se ha avanzado pero sin espectro disponible para todos los operadores en la banda de 2600 MHz no es real que existan las mismas condiciones de competencia”, aseguró.
En febrero, la Sutel había alertado al Gobierno de que debía recuperar, cuanto antes, más frecuencias en manos del ICE o de lo contrario, el mercado interno de telecomunicaciones sufrirá las consecuencias.
La alerta resultó de una consulta pública pedido por el Micitt a Sutel para actualizar un estudio de factibilidad previo a iniciar el concurso para la subasta internacional de espectro.
La Sutel recomendó desde entonces al Ejecutivo recuperar el espectro subutilizado en las bandas de 2600 y 3500 MHz.