El proceso de digitalización de trámites que inició el Ministerio de Seguridad a finales del 2013 tropezó con una queja que derivó en una orden de la Sala Constitucional para que se pueda gestionar, en papel, el permiso de portación de armas.
Un ciudadano de apellido González presentó un reclamo a los magistrados por verse obligado a usar la plataforma digital ControlPas para solicitar el permiso, pese a no tener conocimientos tecnológicos.
González alegó que ese sistema lo discrimina.
La semana pasada, la Sala declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó al Ministerio permitir a sus usuarios “la posibilidad de presentar su trámite en la forma que lo venía haciendo”, la cual era llenar los formularios a mano y presentar la debida documentación física.
El fallo resaltó que, aunque la Administración ha tomado medidas para ayudar a quienes desconocen la tecnología, “lo cierto es que ello se vuelve insuficiente, puesto que el usuario se ve obligado a utilizar la única opción tecnológica que se le brinda”.
Por eso, los jueces consideraron que, para “un buen servicio público”, se debe mantener la “forma excepcional” del trámite como se hacía anteriormente, a la par del proceso digital.
En ControlPas también se gestionan los permisos para las empresas de seguridad privada.
Preocupación. Bernardita Marín, viceministra de Seguridad, informó de que, ante el fallo de la Sala IV, lo primero que hicieron fue contactar a González.
“A él se le explicó qué documentos necesitaba presentar y estos se van a analizar. Las revisiones que hace el sistema, las haremos a pie. Si todo está en orden, se le emitirá el carné”, indicó.
Marín admitió preocupación de que el voto abra una puerta para que otros aleguen desconocimiento de la tecnología.
“Podría ser que se presente una cantidad importante de trámites. Yo espero que no sea una bandada”, apuntó. De darse esa situación, tendrían que asumirlo con el mismo personal con el que cuentan actualmente.
Marín enfatizó que los usuarios que desconozcan cómo opera el sistema digital, pueden buscar ayuda de los funcionarios de la Dirección de Armas.
Resaltó que han implementado distintas mejoras y consideró que los permisos de armas y a empresas de seguridad privada “no son un servicio público”.
“La ley no lo define como tal y, entonces, como responsable del control de armas, el Ministerio ha puesto una serie de requisitos”, manifestó la funcionaria.
Marín comentó que, en fallos anteriores, la Sala IV rechazó disconformidades similares de usuarios, por lo que adelantó que analizarán si piden una explicación de en qué casos procedería lo estipulado en el voto.