Juzgado deja libres con medidas cautelares a sujetos que amenazaron con AK-47 a agentes del OIJ

De acuerdo con el Poder Judicial, los dos sospechosos deberán firmar cada 15 días, no portar armas y cambiar de domicilio.

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El Juzgado Penal de La Unión, en Cartago, dejó libres con medidas cautelares a dos hombres detenidos por amenazar con arma de fuego a dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la comunidad de Linda Vista.

Los sujetos fueron detenidos el 27 de diciembre luego de ser captados por una cámara de seguridad instalada en el vehículo de los agentes judiciales. En las imágenes se ve a uno de los hombres apuntar con una ametralladora AK-47 a los oficiales, en segundo plano aparece otro individuo con un revolver que también les apunta.

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Según la versión judicial, los delincuentes confundieron a los agentes, quienes realizaban trabajos encubiertos, con miembros de otras bandas de la zona.

El Juzgado Penal de La Unión le indicó a Teletica.com que los hombres deberán firmar cada 15 días, no portar armas de fuego y salir del distrito de Linda Vistas. Esas medidas cautelares estarán en vigencia mientras son procesados por el presunto delito de amenazas agravadas.

“El artículo 10 del Código Procesal Penal establece que las medidas cautelares deben ser proporcionales con la pena que pudiera llegar a imponerse. En este caso, el presunto delito cometido por los imputados es amenazas agravadas, cuya sanción es de 15 a 60 días de prisión, razón por la cual no procede la imposición de prisión preventiva”, señaló el Juzgado a ese medio de comunicación.

El Juzgado agregó que, pese a que existe un video en el que se ve a los imputados apuntar a los oficiales, no existe evidencia de que las armas sean reales, pues no se hallaron en los allanamientos realizados para su captura. “Procesalmente se requiere de indicios directos de que las armas son reales”, comentaron.

El Ministerio Público había solicitado seis meses de prisión preventiva contra los individuos.

Para capturar a los delincuentes, el OIJ solicitó ayuda a la población para obtener información de forma confidencial y realizó 13 allanamientos.