Un empresario que cumple prisión por tercera vez debido a que no pagó una millonaria pensión alimentaria, le exige a su aún esposa un giro mensual de ¢6 millones porque él “prácticamente vive en la indigencia”.
Así consta en la demanda por pensión alimentaria de Jorge Pita, de 70 años, presentada el 4 de junio pasado al Juzgado Contravencional de Santa Ana y que todavía está en estudio.
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Pita entró preso el 9 de julio a la Unidad de Pensiones Alimentarias de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Según la orden de apremio contra él, debe ¢10,8 millones correspondientes a tres meses de pensión provisional a su hija, de 8 años, y a su esposa, de quien está separado.
El empresario arguye no tener ya ni dinero ni recursos para saldar la cuenta, pues alega que su excompañera se apropió de su restaurante en Escazú, que era su única fuente de ingreso.
En la demanda, firmada por Ana Laura Solís, quien era la abogada de Pita en ese momento, se expuso: “Al haberse hecho (la expareja) con todos sus recursos, es ella quien tiene la obligación de proveerlo con sus necesidades alimentarias (...) por su condición de esposo y adulto mayor”.
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Reacción. En una breve entrevista con La Nación, la esposa de Pita, cuya identidad no se publicará, desmintió que se haya apropiado de ese local y aseguró que dicho negocio ya no existe.
Luego, aclaró que lo único que contará sobre este caso ya figura por escrito en un documento firmado por su representante legal, Gustavo Koutsouris.
En ese texto se lee: “El señor (Pita) abandonó el negocio y lo dejó en manos de sus empleados.
”Al darnos cuenta de ese hecho y su esposa no tener recursos para seguir operando el negocio y no contar con la experiencia debida, optó por entregar el local a su legítimo propietario para ahorrarnos un bochornoso proceso de desahucio”.
Sin embargo, en su demanda, Pita insiste: “Actualmente (el negocio) es administrado por otra sociedad anónima. Desconocemos si dicho cambio de administración se debió a una venta o cesión, cuánto dinero hubo de por medio y quién lo recibió”.
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Cambios en la vida. El empresario alega que no tiene acceso a ningún bien ni a ninguna fuente de ingresos y afirma que “prácticamente vive en la indigencia”.
“Si no fuera por la voluntad de varios de sus amigos, no tendría dónde dormir, comer, asearse, etc.”, se señala en la demanda.
Por su parte, en la nota firmada por Koutsouris, este asegura que Pita recibe dos pensiones del Gobierno de Estados Unidos. “Además de ser beneficiario de un fideicomiso familiar que le provee altísimos ingresos anualmente”, señala el abogado de la esposa del empresario.
Pero en su escrito, Pita cuestionó que su expareja siga viviendo en un “exclusivísimo y lujoso” residencial en Santa Ana.
“Si, como ella dice, es mi representado quien le da ese estilo de vida, ¿cómo se explica que lo siga manteniendo si no ha visto ni un solo colón de Pita, puesto que está refundido en la cárcel?”, cuestiona Solís en la demanda.
Koutsouris no da explicaciones de cómo hace la mujer para mantenerse cuando no recibe pensión, como ahora.
Para Pita, la respuesta está en su demanda: “(La excompañera) aduce que no es más que una simple ama de casa, sin recursos propios ni injerencia en los negocios de don Jorge; no es verdad.
”Ella abrió otro restaurante en la exclusiva zona de San Rafael de Escazú (...). Tenemos razones de peso para sospechar que ella es la dueña (...). Ella es quien tiene el control de dicho negocio y creemos que es de donde obtiene los ingresos para seguir manteniendo el estilo de vida que ostenta”, dice el documento.