El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Fraudes detuvieron este lunes a 24 sospechosos de falsificar documentos en igual número de allanamientos en San José, Alajuela, Cartago y Puntarenas, incluida una oficina ubicada en las inmediaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en La Uruca.
En apariencia, el grupo criminal se dedicaba a falsificar y vender licencias de conducir, marchamos, cédulas de identidad, calcomanías de revisión técnica vehicular, títulos de bachillerato y pasaportes.
Entre los arrestados se encuentran un hombre de apellidos Laitano Palacios y una mujer de apellidos Ríos Varela, quienes serían los presuntos líderes del grupo, informó Emilio Segura, jefe de la Sección Especializada de Tránsito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Laitano Palacios era el principal y tenía como colaboradora inmediata a una femenina, después de ahí la participación de otros sujetos que se dedicaban a conseguir clientes”, afirmó Segura.
Durante los operativos se decomisaron tres vehículos, cinco motos, calcomanías de la empresa Riteve, machotes de títulos de bachillerato y sellos de diversas instituciones como el Consejo de Transporte Público (CTP), la empresa Riteve (de revisión vehicular), cédulas y documentos del Instituto Nacional de Seguros (INS). También se incautaron impresoras y máquinas de troquelado para placas metálicas, dijo Segura.
A manera de ejemplo, por una licencia de conducir cobraban entre ¢40.000 y ¢70.000, pero si el cliente no había aprobado el curso teórico que aplica el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el monto se duplicaba.
La mayoría de los detenidos, entre ellos un menor de edad, tienen antecedentes por estafas, uso de documento falso, robos y hurtos, detalló el OIJ.
Otras 15 personas que eran de interés dentro del proceso de investigación quedaron plenamente identificadas. A estas se les decomisaron telefónos celulares pero no quedaron detenidas.
Según las autoridades, los documentos eran vendidos por diversos montos y luego eran entregados en los alrededores de un supermercado en Plaza González Víquez así como en otros puntos de San José. En apariencia, también habrían utilizado servicios de encomiendas para hacer llegar sus falsificaciones a lugares más lejanos como Pérez Zeledón, Puntarenas y Guanacaste.
El jefe policial afirmó que no se ha detenido personas de instituciones públicas relacionadas con esta agrupación delictiva.
Los líderes se encargaban de trabajar a solicitud de clientes, muchos de ellos eran personas que perdían las pruebas de manejo o el examen teórico. En algunas ocasiones los contactos se hacían por Internet.
La investigación se realiza desde hace varios meses, sin embargo se estima que la banda operaba desde el 2016. Segura no precisó cuántos documentos habría entregado la red a sus clientes y las ganancias que obtenían, pero dijo que son muchos.
En una de las casas tenían una especie de laboratorio donde concentraban el equipo para las falsificaciones.
Los sospechosos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita, así como p or falsificación y venta de documentos públicos y privados.
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