No es la primera vez que el Ministerio de Seguridad Pública se ve sacudido porque miembros de su cuerpo policial se vean implicados en hechos delictivos.
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A lo largo de 2016 y hasta inicios de este año, se gestionaron 115 despidos de funcionarios vinculados con hechos de gravedad como homicidios, violaciones y secuestros.
La decisión de separarlos, según informó el ministro Gustavo Mata en diciembre del año pasado, se tomó luego de que se percataran de la gran cantidad de funcionarios que tenían cuentas pendientes con la justicia.
Para realizar los despidos, Mata se fundamentó en el artículo 140 de la Constitución Política que en su inciso 1 establece que es atribución exclusiva del ministro respectivo y del presidente de la República "nombrar y remover libremente a los miembros de la Fuerza Pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza".
De nuevo, el jerarca explora la posiblidad de echar mano de esa norma para separar a los 31 policías aprehendidos este miércoles como sospechosos de allanamientos ilegales, abuso de autoridad, robo y privación de libertad, en Limón, mientras realizaban labores de refozamiento contra la ola de homicidios en aquella ciudad.
"No estamos exentos de esta corrupción, por eso el trabajo fue coordinado entre autoridades, y logramos identificar que los sujetos andaban organizando acciones no debidas”, manifestó Mata.
La posibilidad de acudir al artículo constitucional fue avalada por la Sala IV mediante el voto 2016-018906 de diciembre anterior, el cual declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por el representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) contra los despidos.
Entre los hechos más graves registrados el año pasado está la captura de nueve policías que presuntamente usaban patrullas y uniformes para asaltar viviendas de forma violenta. Al parecer, el grupo operaba desde julio del 2015.
También en octubre de 2016, otros dos fueron separados por robar cuando atendían una emergencia en una tienda de electrodomésticos.
Este año, en mayo, trascendió que un policía y un expolicía eran investigados por la supuesta relación con un grupo narco y un homicidio.