La ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz, anunció un plan para construir módulos para mujeres en algunos de los centros penales ya existentes.
Esto, según la funcionaria, mejoraría la situación de las privadas de libertad y reduciría el desarraigo tan grande al existir solo un reclusorio femenino en San Rafael Arriba de Desamparados.
Esta propuesta la planteó este jueves ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde también expuso los lineamientos de la política penitenciaria de la presente administración.
González afirmó que la idea es crear módulos en algunos centros penitenciarios actuales, con la expectativa de trasladar a los primeros grupos de mujeres a descontar las penas en sus regiones de origen durante el primer trimestre del año entrante.
Según admitió, el problema de que exista un sola prisión para mujeres es que muchas de ellas, en su mayoría jefas de hogar, tienen que separarse de sus familias, se rompe el vínculo con sus hijos y quedan desmembradas las familias.
Al reubicarlas cerca de sus zonas de origen, se busca que el vínculo pueda mantenerse y que tengan menos niveles de depresión y menos consumo de drogas.
Un 55% de las mujeres privadas de libertad son adictas a diferentes drogas.
Explicó que con el trabajo penitenciario muchas de ellas lo que ganan son ¢15.000 al mes, lo que las obliga a ahorrar durante cuatro meses o más para poder pagarle los pasajes para que sus hijos y familiares las visiten y, cuando lo hacen, no tienen nada que ofrecerles.
En el caso de los hombres, en las visitas ellos ven qué les lleva la familia, pero en el caso de mujeres, a ellas les preocupa qué le van a dar a sus hijos, refirió la ministra.
Por ahora, Justicia está contabilizando cuántas mujeres por región están descontando penas y basada en esos datos ordenará la construcción de módulos para 32 personas u otra cantidad.
Se trataría de estructuras relativamente pequeñas que permitirían descongestionar el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling, que está al tope de su capacidad: 563 internas.
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Mejorar expectativas laborales
Otros análisis del Ministerio de Justicia revelan que las reclusas tienen menos ofertas de capacitación y de trabajo que los varones, por lo que al salir no tienen opciones laborales.
"Geovanna es una privada de libertad que tiene una historia de vida extraordinaria y lamentable a la vez, ha estado tres veces en el Vilma Curling, tiene tres hijos, cuando entró no tenía ni el sexto grado y ahora se está graduando de maestra de biología, pero dijo: 'nadie me va a contratar'", expresó la ministra.
Lo anterior para ejemplificar que por los antecedentes nadie contrata a personas exconvictas.
"Si usted toma la cifra de que un 76% de las mujeres que están privadas de libertad se debe a infracciones a la ley de psicotrópicos y que ellas son el último eslabón en esa cadena, las estamos condenando a que reincidan", expresó González.
Por eso buscan fondos para un programa de microcréditos a efecto de que tengan mejores expectativas y que así como el sistema impulsa el estudio para los privados de libertad, les ofrezca la posibilidad de trabajar cuando egresan.
Mejor control de los que usan tobilleras
En otro orden de ideas, la ministra de Justicia y Paz también se comprometió a fortalecer la unidad de vigilancia de los reos que permanezcan libres pero con tobillera electrónica.
Para ello es necesario abrir un diálogo con autoridades del Poder Judicial, con el fin de coordinar la capacitación conjunta sobre la modalidad de tobilleras.
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Ante el crecimiento de la población con este dispositivo, se evidencia la necesidad de mayor control y eficiencia. Actualmente la tasa de regreso a prisión de personas con tobilleras está por debajo del 7% , tomando en cuenta el 2017 y lo que llevamos del 2018.
La ministra añadió que la ciudadanía podrá tener la confianza de que todos los procedimientos y los criterios que se usan en los distintos niveles de atención tienen una base de rigurosidad técnica y científica que van a garantizar la seguridad de la población.
Criterios más sólidos en beneficios
Marcia González también declaró que se homogenizaron los criterios usados para autorizar la reubicación de los privados de libertad al régimen semiinstitucional, es decir, los que pueden ir a dormir algunos días a sus casas.
El fin es que los integrantes de todos los equipos interdisciplinarios hagan un análisis minucioso, responsable e íntegro de la persona para que el Instituto Nacional de Criminalidad (INC) actúe sobre una recomendación sólida y decida sobre la base de que esa persona no va a retornar al sistema institucional, ni será un peligro para la sociedad.
Incluso, se van a cruzar datos con el Ministerio de Seguridad Pública.
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Asimismo, González prometió una revisión del reglamento del sistema penitenciario nacional, vigente desde el 8 de enero, por disposición del anterior gobierno.
Ese documento unificó la normativa del Instituto Nacional de Criminología y varias circulares, que por su amplitud y densidad es de un manejo "muy complicado", dijo González.
Ahora se busca ver si sus postulados cumplen con los fines. Hay una comisión que emitirá un criterio técnico con base en el cual se tomarán las medidas correctivas para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario.
En términos generales, la jerarca enmarcó como sus tres ejes de acción el desarrollo humano, la infraestructura y la prevención de violencia.
En el desarrollo humano, habló de su interés por tener a los internos "más ocupados y alistarlos para la reinserción", expresó.
González acudió a la Asamblea en compañía de tres viceministros: Jairo Vargas, Isabel Porras y Fabián Solano.