La legislación vigente dificulta el control policial de las fiestas que organizan menores de edad en fincas privadas, donde consumen licor y otras drogas.
Las autoridades no pueden entrar a las propiedades, a menos que cuenten con la orden de allanamiento dada por un juez. Cuando las alertas sobre esas actividades llegan a la Policía, a veces es tarde para solicitar la autorización.
Un ejemplo reciente fue una despedida de los estudiantes de décimo a los de undécimo, que se realizó el sábado, en la finca Hoja Verde, en San Antonio de Desamparados, carretera a Patarrá.
Ahí la Policía identificó a 71 menores, algunos de ellos en aparente estado de ebriedad, según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Carlos Alvarado, director del ICD, explicó que los oficiales sonaron las sirenas para que los adolescentes salieran del lugar.
“No ingresamos porque no teníamos permiso del dueño ni orden de allanamiento. Hay un limbo en ese tema, porque se dice que son propiedades privadas, pero se alquilan”, enfatizó Alvarado.
“La ley de licores (Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico) no deja clara la responsabilidad, porque habla de establecimientos; entonces, ¿es la finca un establecimiento?”, cuestionó Alvarado.
En funcionario detalló que, en situaciones como esa, se coordina con la Fuerza Pública, las municipalidades, la Policía de Control Fiscal y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el fin de sentar algunas responsabilidades.
“Se revisa si tienen licencia municipal, permiso de funcionamiento, si están tributando”, explicó.
El jefe del ICD lamentó que las sanciones para quienes vendan o den alcohol a menores sean solo de carácter administrativo y consideró que se requiere penalización.
La Nación intentó hablar con algún representante de Hoja Verde; sin embargo, nadie respondió las llamadas a los números telefónicos que están publicados en su página de la red social Facebook.
Castigos. La ley que regula la comercialización de bebidas alcohólicas fija la sanción de uno a 15 salarios base (el salario base es de ¢379.400 ) para quien venda o facilite bebidas alcohólicas a menores.
Iván Wong, coordinador de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Desamparados, explicó que cuando se detecta una situación irregular, se debe realizar un debido proceso.
Wong coincidió con Alvarado en que imponer las sanciones se dificulta cuando son sitios privados.
“Hemos visto que hacen las fiestas en las fincas y, cuando se ha llegado a preguntar, no dejan entrar. Lo que se hace es llevar el caso a la Fiscalía”, agregó Wong. El funcionario dijo que la comuna participan de operativos, pero no fue consultada en el caso de Hoja Verde.
Carlos Góngora, diputado adherido a la Unidad Social Cristiana, contradijo ese criterio y estimó que, si la Policía conoce que se está utilizando droga en un recinto, tiene facultad para ingresar.