Poco después del mediodía del jueves 24 de noviembre, ocho personas se entretenían en una sala de juegos en pleno corazón de San José, ajenas a la condición irregular de las máquinas tragamonedas que se encontraban en el local.
Estaban tan absortos en el juego, que varios clientes ni siquiera voltearon la mirada o ni se percataron cuando agentes de la Policía Municipal ingresaron al establecimiento para revisar qué tipo de equipos había.
La administradora presentó una licencia comercial que solo autoriza la operación de máquinas pinball, las cuales dependen de la destreza del jugador para que haya un premio, y no las de azar, las cuales solo están permitidas en los casinos.
Más de la mitad de los aparatos de la sala carecían de autorización para operar. En menos de 30 minutos, el local estaba desalojado, las tragamonedas apagadas y las cintas de cierre pegadas en las cortinas metálicas.
Sin embargo, este cierre podría ser temporal. Con solo que el dueño de la patente presente una apelación ante el ayuntamiento capitalino, en tres días el local estará de nuevo abierto.
Lagunas legales impiden a las autoridades municipales aplicar medidas más rápidas y contundentes para erradicar esta actividad ilícita, como la destrucción de equipos decomisados o la aplicación de sanciones más severas.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, consideró que la acción más efectiva sería la aprobación de un proyecto que se encuentra en el Congreso para prohibir expresamente las tragamonedas fuera de los casinos.
Solano sostuvo que esa iniciativa permitiría sortear el engorroso trámite judicial que en la actualidad dificulta las acciones contra los equipos azarosos. No obstante, reconoció que el tema no es prioridad en la corriente legislativa.
Mientras tanto, muchos lucran con este negocio. La dependiente de una sala de juego, quien solicitó mantener su identidad protegida, comentó a La Nación que el local suele obtener ganancias diarias de entre ¢500.000 y ¢1.000.000.
“Entre semana no se llena, tal vez mucho 20 personas. Cuando es quincena sí se llena, especialmente en días de pago cuando pueden llegar más de 30 personas o más. Aquí tenemos 14 máquinas; si todas están llenas, la gente espera”, expresó.
Dilema legal
La ley que regula los casinos solo permite tener tragamonedas dentro de hoteles y bajo una serie de requisitos, como contar con un sello de seguridad y cancelar el 10% de un salario base por cada equipo autorizado por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
No obstante, los dueños de salas aprovechan vacíos en un reglamento que no se modifica desde hace 44 años, y que permite la instalación de juegos de destreza o habilidad (como el pinball), para tratar de camuflar las máquinas de azar.
Marcelo Solano, de la Policía Municipal, alega que el Reglamento de Máquinas para Juegos es impreciso en cuanto a qué se entiende por una máquina azarosa y una de habilidad, lo cual deja el tema a la interpretación de las autoridades o del administrado.
Las tragamonedas están compuestas por una pantalla donde el participante presiona un botón con el objetivo de obtener tres figuras idénticas para ganar un premio. De no ser así, debe seguir intentando hasta conseguirlo.
Solano explicó que, para aclarar los diferendos, se hace necesario realizar pruebas periciales que resultan lentas y costosas.
Todo lo anterior es aprovechado por dueños de pulperías, supermercados, licoreras y restaurantes para solicitar permisos municipales para instalar máquinas de pinball y, de esa forma, disfrazar su negocio clandestino.
“La licencia comercial se desvirtúa porque usted me pide permiso para una cosa pero termina siendo para tres o cuatro cosas diferentes. Entonces, es un lugar que tiene una patente, pero para otra actividad”, explicó Royee Álvarez Cartín, gerente de gestión municipal de San José.
Al respecto, el diputado liberacionista Geison Valverde estudia una reforma a la ley del impuesto a casinos y empresas de apuestas electrónicas, con el fin de aumentar las multas para quienes comercialicen, financien o propicien la tenencia de tragamonedas fuera de un casino.
“Estamos valorando cuál podría ser la sanción, porque hay un artículo que ya establece diez salarios base, una multa alrededor de ¢6 millones. Entonces, estamos revisando el tema de proporcionalidad del daño para ver si es viable esa multa o de repente otra sanción”, indicó Daisy Guerrero, jefa de despacho del legislador.
Estrategias infructuosas
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, comentó que durante los últimos años el ayuntamiento josefino ha tenido que modificar sus estrategias para combatir el negocio ilegal con las tragamonedas.
Según precisó, hace 10 años era común que los agentes decomisaran los equipos, pero cientos de estos se quedaban en bodegas acumulando polvo por años y sin poder ser destruidos, porque las disputas en el juzgado contravencional podían demorar entre 5 y 8 años.
Mientras tanto, el ayuntamiento era responsable de pagar vigilancia y bodegaje por chatarra. “Eso era desastroso y carísimo”, aseveró Solano.
Otra estrategia utilizada por el gobierno local fue ponerle cintas de clausura a las tragamonedas, pero entonces los dueños quitaban las tiras y pasaban las máquinas a otro local, por lo que era imposible relocalizarlas.
En la actualidad, el municipio ya no persigue las máquinas, sino que anda tras los comercios para clausurarlos.
De hecho, Solano detalló que en lo va del 2022 se han realizado 600 cierres en San José (casi dos por día) por incumplimiento en licencias comerciales, más conocidas como patentes, o vencimiento en la orden sanitaria.
Frente a esto, indicó el jefe policial, ocurre que el dueño del local apela y reabre; esconde las máquinas en algún local vacío y luego las vuelve a conectar. Hay locales que han sido clausurados 14 o 18 veces por la misma razón.
También sucede que el propietario reabre el negocio en otro punto con los mismos equipos, otro nombre y otra patente, para evadir los controles.
En ese sentido, Solano reconoció que la estrategia aplicada en este momento tampoco soluciona el problema de las tragamonedas ilegales, pero es optimista al decir que al menos han logrado desincentivar su proliferación.
“Creo que hemos tenido un buen éxito porque al menos en las áreas donde hemos intervenido en el centro de San José, Pavas, Quesada Durán, Zapote, Hatillos, muchos de estos locales ya están cerrados”, aseveró.
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Entre ganancias y estafas
El jueves pasado, mientras los oficiales municipales inspeccionaban una sala de juego en San José, algunos clientes aseguraron a La Nación que la suerte juega un factor importante en el caso de las máquinas de azar.
Señalaron que así como se pueden obtener ganancias millonarias invirtiendo poco dinero, también existe el riesgo de perderlo todo.
Un hombre, quien prefirió no identificarse, comentó que luego de un par de horas jugando, había invertido ¢80.000 y llevaba una ganancia de ¢128.000. Aseguró que no acostumbra jugar, pero que ese día decidió “darse una vuelta” para desestresarse.
Otro sujeto admitió haber sido víctima de una estafa hace cinco años en una sala de juego que estaba ubicada en Zapote, San José.
“Un hombre me dijo ‘si hace todos los puntos le doy ¢2 millones’. Me empunché e invertí ¢160.000 y al final lo conseguí; llegué a ganar hasta dos millones, pero todo resultó ser una estafa y hasta me amenazaron si insistía en cobrar el premio”, relató.
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Otra usuaria, quien salió a fumarse un cigarro después de terminar la partida, afirmó que asiste religiosamente todos los jueves a la sala de juegos, después de realizar las compras en el mercado. Allí puede pasar dos o tres horas y luego se va a la casa.
Además, un trabajador del ayuntamiento tibaseño, quien andaba de paso en San José en su día libre, gastó ¢2.000 y obtuvo ¢13.000.