Justicia tardó cuatro meses en descubrir ‘call center’ para cometer estafas desde La Reforma

Fiscalía abre investigación de oficio contra cinco reclusos; Policía Penitenciaria asegura que necesitaría un oficial por módulo las 24 horas del día para frenar que reos usen celulares

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Un reo grabó con un celular lo que ocurrió en una fecha aún no precisada en el módulo D, del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Se ve a un preso sentado sobre unos pequeños armarios, fumando un puro de marihuana y, al mismo tiempo, buscando en un cuaderno de apuntes quién sería su próxima víctima. “Haciendo la platica del día de hoy”, se escucha.

A unos cuantos pasos de él estaban otros tres reclusos, todos de pie y hablando por celular. “Don Rodolfo, en este caso, nuestra preocupación sería el dispositivo que usted tiene que se reportó como extraviado. En este momento el que se encuentra activo es el de la señora Laura, por favor traiga el que nosotros le suministramos”, le dice otro de los privados de libertad al hombre con quien conversaba por teléfono.

De esa manera, en un video, se deja ver cómo presos, supuestamente, estafaban a terceras personas desde esa prisión. Y, de no ser por esa grabación, que se viralizó en redes sociales este martes, el Ministerio de Justicia y Paz no se habría enterado de que este grupo mantenía un “call center" en ese módulo.

En total, en la grabación aparecen siete personas, de las cuales seis fueron identificados por Justicia con los apellidos Saballos, Cordero, Garita, Tencio, Segura y Madrigal.

Ellos cumplen condenas por los delitos de homicidio, robo, violación y venta de drogas.

Pablo Bertozzi Calvo, director de la Policía Penitenciaria, confirmó que fue hasta ahora que se enteraron de esa situación, pese a que, agregó, es un video grabado hace más de cuatro meses.

“Nosotros deducimos el tiempo porque hay un privado de libertad que salió de ese módulo en abril y porque, dentro de las tácticas que usan ahora estas bandas, ya no está usar cuadernos para tomar apuntes; ahora usan hojas sueltas. En fin, el video lo estamos conociendo hasta hoy porque salió ahora y ya estamos tomando las acciones a nivel administrativo”, explicó.

Informó de que algunos reos (no supo precisar cuáles) fueron reubicados meses atrás en otros módulos de La Reforma y otro está en la cárcel Gerardo Rodríguez, por lo que su traslado no tiene relación con este video. “No, no tiene nada que ver. No tengo el dato preciso, pero pudo ser que pidieron la reubicación. Hay unos que están separados, pero hay otros que aún se mantienen juntos”, reconoció Bertozzi.

Lo que sí indicó es que en el módulo donde estaban antes recluidos, la Policía había decomisado celulares; sin embargo, como tener el aparato no constituye un delito, solo se levanta un acta administrativa para que quede registro.

Durante el 2019, en el ámbito D de ese centro penitenciario la Policía Penitenciaria decomisó en total 145 celulares. De esos, 87 fueron incautados en el pabellón donde se hizo el video.

“Son muchachillos que ya tienen tiempo de estar ahí, pese a que son jóvenes. Estaban ahí, posiblemente, ocupando su tiempo en eso y nosotros, como autoridades, trabajamos mucho sobre este tipo de personas”, apuntó Bertozzi.

Este martes, Justicia abrió una investigación a lo interno para determinar qué ocurrió y, si eventualmente algún policía o funcionario administrativo fue permisivo con estas conductas, sentar responsabilidades. “Estamos revisando y haciendo investigaciones. Abrimos procesos disciplinarios y estamos presentando informes”, aseveró.

La ministra Marcia González Aguiluz también ratificó la apertura de una proceso interno.

Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Fraudes comunicó que se abrió una investigación de oficio por el presunto delito de estafa, el cual es castigado con penas de entre los dos meses y los diez años de prisión.

“Conforme avance la investigación, este podría ser recalificado, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, detalló el Ministerio Público mediante un correo electrónico.

En ese mismo sentido, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que hacen las pesquisas necesarias para esclarecer el caso, pero, por estar en su fase inicial, no brindaron más detalles.

Banda organizada realiza llamadas desde La Reforma

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.    || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

‘Para frenar esto necesito un policía 24 horas en los módulos’

En el video se observa que, para lograr su cometido, los reclusos tapan la entrada al módulo con sábanas, como simulando que son cortinas.

Dicha acción está prohibida por las autoridades penitenciarias y es una orden que cada vez que un policía observa sábanas mal usadas, deben retirarlas. Sin embargo, en esa ocasión, parece que ningún oficial se percató de ello.

El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, aseguró que es consciente de que toda esta situación evidencia que esta problemática se sale de sus manos.

“Nosotros tenemos que ser realistas. No tenemos capacidades para frenar esto; para frenar esto necesito un policía 24 horas en todos los módulos y no tengo las capacidades humanas para eso”, lamentó Bertozzi.

Él insistió en que, pese a las limitantes, se hacen “grandes esfuerzos” para decomisar “cantidades importantes” de celulares. En todo este año, se han incautado 1.918 aparatos móviles en las cárceles.

“Pero esto va más allá. Lo que ocurre es que la gente pasa inventando cosas para meter los aparatos, ahora se ponen panzas para simular que están embarazadas; se ponen nalgas. Y lo que en realidad llevan son puros celulares”, recalcó Bertozzi.

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Es justo por esa razón que las autoridades penitenciarias insisten en la implementación del bloqueo de señal celular en las 20 prisiones del país.

No obstante, esa colocación aún está lejos de suceder, puesto que las operadoras telefónicas tienen nueve meses, a partir de julio pasado, para encontrar la forma de bloquear la señal.

Se supone que para abril del año entrante ya debería estar el proyecto en marcha, pero las operadoras telefónicas ven “poco realista” que en ese plazo logren encontrar la tecnología que se necesita.

Diputado: ‘Decomisos de celulares son insuficientes’

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Gustavo Viales Villegas, calificó de “relajo” la forma en la que operan los grupos dentro de la cárcel para llamar a ciudadanos con el fin de estafarlos.

Para el legislador, el Gobierno debe apresurar la puesta en marcha de la ley de bloqueo celular en las cárceles, ya que los decomisos que se realizan a diario no bastan para combatir la criminalidad que se desarrolla tras las rejas.

“Los decomisos de celulares son insuficientes, ahí lo que se tiene es un ‘call center’, en el que se mantiene la impunidad de la persona privada de libertad, quien sigue en contacto con su banda organizada y el crimen”, afirmó Viales.

En ese sentido, Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, reprochó que se le denomine “call center” a la forma en cómo trabajaban esos reos.

“Eso no es una oficina, es un dormitorio. Lo que hacen es establecer un escenario y en el menor tiempo posible cometer estafas. No existe un ‘call center’, lo que existe es un aprovechamiento de oportunidad”, señaló el jerarca policial.

Pese a todo, el diputado Viales aseguró que coordinará con los otros integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que la ministra González asista a una audiencia en la que explique la problemática que hay con la introducción de móviles a centro penales.

La Policía Judicial ha reiterado en varias ocasiones que el 100% de llamadas hechas para cometer estafas telefónicas ocurren desde La Reforma.

Ese cuerpo policial contabilizó 1.474 denuncias, en el 2018, mientras que, durante este año, han recibido 1.511 casos.

Las investigaciones han permitido establecer que la modalidad de falso funcionario es la más utilizada por los privados de libertad para engañar a las víctimas.

Información actualizada a las 6:31 p. m. con el detalle de los delitos por los que están en prisión los sospechosos.