El Ministerio de Justicia y Paz publicará un nuevo cartel licitatorio para escoger una empresa encargada del monitoreo con tobilleras electrónicas, confirmó la entidad este jueves. La cartera recibió el respaldo de la Contraloría General de la República (CGR), la cual dejó sin efecto las apelaciones presentadas por cuatro empresas que habían participado en una licitación fallida del 2021.
Ese cartel, publicado en febrero del 2021, fue declarado infructuoso por Justicia el 31 de diciembre de ese año, porque ninguna de las siete ofertas cumplió con los requisitos. Las firmas participantes habían sido Seguridad Alfa S. A., Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, Consorcio ESPH-Buddi, Datasys-Grupo Cheyrodz S.A, Consorcio Geo-Signis, Consorcio Panóptico y Consorcio Soin-Track.
En aquel momento, seis superaron la etapa de admisibilidad y fueron analizadas por la Unidad de Monitoreo Electrónico, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección Financiera y la Proveeduría Institucional. Sin embargo, luego se determinó que ninguna empresa satisfacía los requerimientos y se pasó a la etapa de recepción de apelaciones que fueron rechazadas.
“El ente contralor dio por agotada esa vía administrativa y con eso dejó allanado el camino para que el Ministerio publique, a la mayor brevedad, un nuevo cartel licitatorio internacional para el ‘arrendamiento llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos, alternativos al cumplimiento de la privación de libertad’”, indicó el Ministerio.
La convocatoria se publicará en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y, por tratarse de una licitación pública internacional, la Cancillería distribuirá la información a las embajadas ubicadas en el país y a las embajadas costarricenses en el extranjero.
Fiorella Salazar Rojas, ministra de Justicia, afirmó que espera que el nuevo cartel “estimule la competencia y se materialice en la contratación de un nuevo proveedor que venga a apoyar a la institución y al país en la consolidación de esta modalidad penal, que busca potenciar la inserción social en el marco de los derechos humanos”.
Mientras Justicia busca un nuevo proveedor de tobilleras, el sistema de monitoreo de más de 1.800 privados de libertad sigue bajo el mando de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), entidad a cargo del proyecto desde su llegada al país, en febrero del 2017.