El juez de ejecución de la pena de San José, Roy Murillo, criticó que el Instituto Nacional de Criminología (INC) liberara, el 30 setiembre del 2013, al empresario de buses Óscar Ramírez Jiménez, al amparo de que en la cárcel de San Sebastián, en San José, había hacinamiento.
Ramírez fue condenado a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, el 30 de marzo del 2005, fecha en la que entró a prisión preventiva, hasta el 28 de setiembre de ese año, cuando quedó en firme la sentencia.
De inmediato, descontó un año de pena y salió el 5 setiembre del 2006 por orden de la Sala Tercera, mientras se resolvía un recurso de revisión.
Luego de siete años de excarcelación, se rechazó la revisión y, el 10 de setiembre del 2013, reingresó a descontar la pena a la prisión de San Sebastián.
Ese retorno coincidió con una resolución del juez Roy Murillo, quien ordenó a Adaptación Social, la cual maneja las cárceles del país, sacar 370 reos no peligrosos de esa misma prisión, si no reducían la sobrepoblación.
Alexánder Obando, director del INC, explicó a este diario que la liberación de Ramírez se produjo a raíz de la orden del juez.
“Hay una coyuntura especial porque cuando él ingresa, sale una orden jurisdiccional de parte del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José donde nos pide que movilicemos un grupo importante de privados de libertad de San Sebastián”, dijo Obando.
Sin embargo, Roy Murillo sostiene que ese reo no cumplía con los parámetros que él estableció para las liberaciones. Por ejemplo, solo podían salir personas que cumplieran la sanción en el 2014 y 2015, pero Ramírez no finalizaría la pena con descuento hasta el 7 de diciembre del 2016.
“Expresamente, él quedaba excluido del egreso colectivo que el juzgado ordenó. Entonces, es mentira. Hay mucha preocupación porque no asumen su responsabilidad y la endosan a otra autoridad y no se explican las razones y motivos reales con los cuales se ordenó el egreso de esa persona, en esas condiciones”, manifestó el juez Murillo.
El empresario de buses fue detenido nuevamente el jueves anterior porque, presuntamente, contrató a sicarios para que asesinaran a un socio de apellido Garita. Luego, quedó en libertad.
¿Quién recomendó? Pasaron 20 días desde que el presidente de Busetas Heredianas S. A. entrara a la cárcel de San Sebastián (10 de setiembre del 2013), cuando el consejo técnico interdisciplinario de este centro recomendó su traslado a un centro semiinstitucional.
La decisión se justificó con el argumento de que “Ramírez es ingeniero químico, cuenta con apoyo familiar, padece de la glándula tiroides y requiere tratamiento médico específico, que no consume drogas, que tuvo un nivel de convivencia aceptable y enseñó inglés a otros reos”.
Según el informe, Ramírez mostró arrepentimiento, culpa y vergüenza por los hechos por los que se le condenó y entró en llanto durante la valoración. Sostuvo que su hijo mayor le ofreció trabajo en un taller mecánico.
Tres días después, el INC avaló el informe técnico y el director, Alexánder Obando, firmó la resolución que dejó en libertad al empresario, con la restricción de dormir un día por semana en el centro San Agustín.
Para el juez Roy Murillo, existe un peligro cuando la administración penitenciaria otorga beneficios a los reos sin un control del juez. Explicó que hay un proyecto de ley que pretende regular esa situación, pero dijo que el Ministerio de Justicia se ha resistido.