El Gobierno quitó, este miércoles, a la ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, para nombrarla como asesora jurídica de la Presidencia Ejecutiva de Instituto Nacional de Seguros (INS).
El mandatario Luis Guillermo Solís comentó que le pidió el traslado para que apoye las gestiones propias del nuevo cargo en el INS y, por otro lado, coordine dos temáticas de gobernanza democrática y empresas estatales, a raíz del ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .
El presidente aclaró que, con este movimiento, no hay una disminución ni demérito hacia Ramírez; por el contrario, aseguró que él la reconoce y desea utilizar el conocimiento y experiencia de ella en un nuevo espacio de la gestión pública.
Pese a las insistentes preguntas de los periodistas, el presidente Solís no puntualizó si le estaba cobrando a la ministra algún resultado de su gestión durante los últimos 14 meses.
Únicamente resaltó el trabajo que se hizo en la construcción de nuevos espacios carcelarios. El primero, para adultos jóvenes, será inaugurado el viernes en La Reforma, y anunció que existen otras obras en camino.
La cartera de Justicia, que afronta una crisis de hacinamiento penitenciario, será asumida dentro de ocho días por la jurista Cecilia Sánchez Romero, de 61 años.
La nueva jerarca es abogada y criminóloga, exfuncionaria del Poder Judicial y consultora internacional en derecho penal y derechos humanos.
“A ella la conozco desde hace muchos años; ha sido muy reconocida en el ejercicio de sus cargos como fiscala, académica y consultora. Tiene una trayectoria amplísima y, por lo tanto, no solo la respeto mucho, sino que la quiero mucho”, sostuvo el presidente Solís.
Labor. Cristina Ramírez asumió el cargo en mayo del 2014, luego de trabajar como asesora en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, desde 1998, donde tiene un permiso sin goce salarial hasta el 2018.
Entre las decisiones que tomó durante su gestión, figura el nombramiento de un policía sin práctica carcelaria para asumir la Dirección de la Policía Penitenciaria, hecho que generó roces con un director carcelario.
Ramírez debió liderar el traslado de un grupo de reclusos del ámbito D (mediana cerrada) de La Reforma a nuevos espacios, por una orden de la Sala Constitucional, ante el peligro de un incendio debido a las pésimas condiciones del sistema eléctrico.
Por otra parte, la negativa a brindar a La Nación los datos de hacinamiento en todos los dormitorios de las 15 cárceles –alegando que se ponía en riesgo la seguridad nacional– llevó a una condena de la Sala IV y la orden de entregar los datos públicos .
En mayo, Ramírez se postuló ante la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (Comjib) para aspirar a la Secretaría General, en España, pero, por falta de votos, se retiró antes .
Entre sus logros, Ramírez destacó la construcción de 1.072 espacios carcelarios (una parte de ellos se hicieron con presupuesto que dejó listo el gobierno anterior), además de la creación del módulo de adultos jóvenes en La Reforma, para 80 infractores que estaban hacinados en El Zurquí, y 400 espacios para policías.
Añadió que dejó en proceso la creación de 100 espacios en Pococí y 400 en La Reforma.
Jurista quiere cambiar modelo. Cecilia Sánchez es abogada por la Universidad de Costa Rica y máster en Criminología. Laboró por más de 27 años en el Poder Judicial como fiscala, jueza y directora del Digesto de Jurisprudencia, donde se pensionó.
Ha sido capacitadora en temas de reforma penal y procesal, derechos humanos y política criminal en América Latina. Es autora de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre los mismos temas.
Sánchez es madre del subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, quien también fue Ministro de Seguridad Pública al inicio de este Gobierno.En sus primeras declaraciones, este martes, fue enfática: “La construcción de espacios carcelarios no es la respuesta exclusiva al hacinamiento”.
Según añadió, es necesario hacer una revisión de los criterios que se están aplicando actualmente y hacer mayores esfuerzos por dar respuestas, desde la política pública, para que no contribuyan a generar más hacinamiento.
Por otra parte, dijo que el problema no le compete exclusivamente al sistema penitenciario, sino que debe integrar a los ministerios de Cultura, Educación, Seguridad Pública, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
“Hay que asumir las responsabilidades sociales de la prevención de la criminalidad y la reinserción social. Habrá que convocar al sector privado, hacer alianzas con universidades y empresarios para generar mecanismos que faciliten la reinserción”, aseguró, al tiempo que expuso que debe reforzarse la capacitación técnica y la formación de ciudadanos que puedan vivir de manera adecuada en libertad.