El Ministerio Público investiga una presunta estafa por cerca de $21 millones (¢11.500 millones) en perjuicio del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La entidad presentó la denuncia el 4 de abril del 2016 y se tramita bajo el expediente 16-000252-1220-PE.
Según la Fiscalía, en la causa figuran cuatro implicados.
Se trata de una mujer de apellidos Lara González, de 68 años, dos de sus hijos apellidados Wang Lara, de 45 y 38 años, y un empleado del INS, identificado como Jiménez González, de 50 años.
El caso se relaciona con la utilización, entre el 2011 y el 2014, de un producto llamado Seguro de Caución (también conocido como Bono o Fianza), en el cual la entidad garantiza a inversionistas que responderá por incumplimientos de la persona que tomó este tipo de seguro.
La gerenta del INS, Lucía Fernández Saénz, se limitó a informar de que denunciaron las aparentes irregularidades con “una serie de contratos de seguro” apenas se percataron. Sin embargo, dijo que no podría referirse al tema por estar en la esfera judicial.
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Por su parte, el abogado Francisco Campos Aguilar, representante de Lara y sus hijos, aseguró que demostraron la legalidad de sus acciones.
“Acreditamos al Ministerio Público la legalidad de todas las operaciones de crédito desde la primera (...), todas fueron reales, se aportó la documentación de los desembolsos, los pagos de intereses con lo cual se desvirtúa la acusación del INS, de que puede haber créditos simulados”, manifestó.
Erick Ramos Fallas, representante legal de un inversionista afectado, explicó que su cliente hizo un negocio en el cual le señalaron que existía respaldo de cumplimiento por parte del INS.
No obstante, añadió, “cuando se va a ejecutar la garantía, el INS rechaza la ejecución alegando que hay una irregularidad por parte de un funcionario de la institución (...), pero esas irregularidades son ajenas a los ofendidos”.
En criterio de Ramos, el INS debe resarcir el dinero a las víctimas, que en el caso de su cliente, son $3 millones (¢1.650 millones al tipo de cambio actual).
El INS dejó de utilizar el Seguro de Caución en enero del 2015, luego de que la Procuraduría General de la República comunicó a la Superintendencia General de Seguros (Sugese), que las aseguradoras no están facultadas para la colocación de fianzas.
Otra acción que tomaron fue el despido sin responsabilidad de Jiménez González, como resultado de un proceso administrativo. El trabajador apeló la medida ante un juzgado contencioso administrativo, que ordenó reinstalarlo mientras se resuelve su situación.
Método
En la denuncia que presentó ante la Fiscalía, el INS alegó que este caso configura una estafa, pues existe un común denominador y es que los contratos de Seguros de Caución, se concentraron en tres personas físicas o jurídicas (representadas por las mismas personas) y fueron tramitados por un solo funcionario.
Son 70 contratos suscritos entre el 2011 y el 2014.
“El funcionario denunciado omitió realizar un estudio financiero que permitiera conocer la capacidad de pago del fiado o la salud de las finanzas de sus negocios”, dijo el Instituto al referirse a las presuntas irregularidades en las que se incurrió al procesar el trámite.
Además, según la aseguradora, “la emisión de garantías financieras no era un negocio usual y es probable que las personas se aprovecharan del fácil manejo interno para promover un negocio en el cual el INS debe desembolsar sus incumplimientos financieros, los cuales parece que no son reales”.
Por ese incumplimiento, analiza 65 reclamos por $19,5 millones, mientras que otros cinco reclamos por $1,4 millones ya fueron cancelados.
Hasta el momento, la Fiscalía ha detectado una afectación de $6 millones, sin embargo, conforme avance la investigación, el monto podría variar.