La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica pidió a los diputados analizar “con seriedad” la situación de hacinamiento crítico que se padece en las cárceles locales.
“Costa Rica se debe concentrar en la construcción de prisiones y aprobar e implementar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló la sede diplomática en un comunicado, al referirse al crédito por $132 millones otorgado por la entidad financiera.
La nota agregó que es necesario estudiar cómo se administran las detenciones previas a juicio –prisiones preventivas– y el uso de brazaletes electrónicos para los infractores que no representan un riesgo real para la población, con lo cual se aliviaría ese hacinamiento.
La Nación informó ayer sobre un informe del Departamento de Estado de EE. UU. en el que se revelaron graves abusos a los derechos humanos de los reos que se cometen en las cárceles ticas debido a una sobrepoblación del 38%.
La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, afirmó haber recibido con suma preocupación el reporte y dijo que se han realizado esfuerzos, como la ampliación de 1.250 espacios en penales para abril. En ese mismo mes estarán listas las licitaciones de las primeras siete unidades productivas del préstamo del BID , para otros 1.350 cupos.
Luis Fernando Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa, recordó que se han aprobado leyes sobre mejoras en esa área, como las reformas al salario de los policías penitenciarios, el fideicomiso para mejorar la infraestructura y la modificación a las penas de las mujeres que introducen droga en los centros de detención.
Aunque EE. UU. calificó al Ministerio de Justicia como un ‘aliado’ al que le ha brindado capacitaciones y entregado cooperación de diverso tipo, como toldos para las visitas en prisiones, motocicletas e inversiones en la unidad canina, señaló que estos esfuerzos serán insuficientes en el futuro si no se trabaja desde la óptica legislativa.
Poco avance. Garita puntualizó que existen tres proyectos de ley muy importantes en el Congreso, pero su avance es lento. Se trata del plan de los brazaletes , la ley de ejecución de la pena y, el proyecto que propone borrar los antecedentes de la hoja de delincuencia en menor cantidad de años.
En el caso de la primera iniciativa, pretende regular el uso de la pulsera electrónica como alternativa a la prisión preventiva o como sustituto de una pena privativa de libertad en casos restringidos; tres mociones lo mantienen frenado en la Comisión Plena Tercera.
El segundo proyecto plantea, entre otros aspectos, que un juez ordene egresos colectivos en forma objetiva para quienes estén próximos a cumplir su sanción cuando las cárceles superen el nivel de hacinamiento del 20%.
El presidente de la Comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, Carlos Góngora, explicó que ese texto está en análisis; solo falta que el Ministerio de Justicia envíe sus observaciones.
Por último, el plan de la hoja de delincuencia está en estudio de otra comisión del Congreso.