El Gobierno no ha utilizado hasta la fecha los $50 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó al país desde hace año y 10 meses para construir cárceles.
Esa suma está incluida en un un crédito del BID para seguridad y nuevas prisiones, que la Asamblea Legislativa aprobó en enero del 2012 para utilizar $132 millones hasta el 2017.
De ese dinero, el 38% sería utilizado para construir 2.700 espacios en 15 cárceles, que funcionarán como centros de trabajo para reos –llamados “unidades productivas”–, pero aún no se han publicado los carteles de la licitación, los cuales están siendo revisados por el BID.
Gonzalo Elizondo, coordinador de la unidad ejecutora del préstamo BID, reconoció que hay un atraso, pues la meta original del Banco señala que desde diciembre del 2012 debieron haberse iniciado las contrataciones para las unidades productivas.
La unidad ejecutora está conformada por nueve miembros, los cuales, según Elizondo, han cambiado en tres ocasiones durante los últimos dos años en los que ha habido tres distintos ministros de Justicia y Paz.
Por ahora, solo han trabajado en las especificaciones técnicas que deben tener las unidades productivas y en los trámites para los permisos de construcción.
La unidad productiva es un centro con dormitorios, un lugar de trabajo, aulas de capacitación y espacios para visitas, ubicadas en sitios donde se puedan potenciar las labores agroindustriales que los reclusos ya realizan en fincas de otras cárceles.
La ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita, reconoció que desde que asumió el cargo, en julio anterior, detectó el atraso. No obstante, aseguró que ya se definieron los lugares donde levantarán las primeras cinco unidades productivas: Pérez Zeledón, Liberia, San Carlos y dos en Nicoya.
“El ritmo de la unidad ejecutora y los resultados son significativos. El esfuerzo es importante, dada la urgencia de contar con lugares para ubicar a los privados de libertad. La construcción de las 15 unidades productivas es un proceso lento por todo lo que significa la construcción, desde la ubicación de los terrenos hasta hacer los diseños arquitectónicos adecuados”, dijo.
Desembolso. El crédito del BID destina otros $39 millones para la construcción de cinco centros cívicos, $23 millones para fortalecer las delegaciones del Ministerio de Seguridad Pública y $6 millones para crear una agencia de formación de policías, entre otros componentes.
Mientras el Ministerio de Hacienda asegura que de los $132 millones, el Banco ya desembolsó $1,8 millones al 31 de agosto del 2013, Gonzalo Elizondo detalló que para esa fecha solo se habían utilizado $68.000 en los trámites de las unidades productivas y $8.000 en asistencia técnica para brazaletes electrónicos, cuya ley sigue sin aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Hasta agosto pasado, Hacienda le había pagado al BID $565.000 en comisiones por el dinero no utilizado más intereses.
Poco impacto. Actualmente, la sobrepoblación carcelaria roza casi el 40%. Es decir, hay unos 3.500 convictos de más, por lo que los 2.700 espacios nuevos no eliminarán el hacinamiento. Esta situación ha propiciado recientes decisiones como que 370 reos dejaran las prisiones con nuevas medidas.
La ministra Garita estimó que ese préstamo no va a solucionar el el hacinamiento, pero que el modelo por sí solo es importante porque implicará educación y trabajo para los presidiarios.