La débil prueba que presentó la Fiscalía dejó en libertad a tres funcionarios del Banco Central, sospechosos de robar billetes que iban a ser destruidos.
La decisión de no dictarles un año de prisión preventiva –como solicitaba el Ministerio Público–, la tomó, el martes, el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoecha. El juez tampoco ordenó otras medidas cautelares.
A través de la oficina de prensa del Poder Judicial, el Juzgado comunicó que con la prueba presentada “no se acreditaron los controles bancarios, entendiéndose informes contables o de alguna auditoría, establecidos para la custodia del dinero destinado a la destrucción. Razón de lo anterior, no se estableció el perjuicio económico sufrido por la entidad”.
El Poder Judicial agregó que la Fiscalía aportó un video como prueba, pero que no había sido puesto en conocimiento de los abogados defensores. “Por lo cual no se valoró, pues es un quebranto al derecho de defensa”, se indicó.
Los tres funcionarios detenidos son de apellidos Lobo, Fernández y Esquivel y laboraban para la Tesorería del banco. Ellos fueron apresados el martes por la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía apeló la decisión del juez con base en que los hechos son graves y en que existen peligros procesales de obstaculización de la investigación, de fuga y de continuidad delictiva.
Compras. Al detener a los tres empleados, la Fiscalía señaló que los hechos habrían ocurrido entre los años 2010 y 2013, cuando estos funcionarios cuidaban el dinero que llegaba a las bóvedas para ser sustituido.
Supuestamente, mientras hacían esa labor, los funcionarios abrían las bolsas y sacaban billetes ¢5.000 y ¢10.000. Las autoridades dicen que robaron una cifra millonaria de dinero, pero que dicha cantidad aún no se ha podido determinar.
La Fiscalía también dijo que con ese dinero, compraron cinco vehículos y dos valiosas propiedades en San Carlos, Alajuela. No obstante, el Juzgado estimó que “no se logra establecer un nexo de causalidad entre los bienes registrados a nombre de las personas imputadas y la presunta actividad ilícita”.