La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su preocupación por la situación de amenazas, hostigamiento y violencia que enfrentan actualmente líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas.
La escalada de violencia por el conflicto entre comunidades indígenas y terceros en la región llevó a que, la noche del lunes 24 de febrero, fuera asesinado de cinco balazos el dirigente Yehry Helmut Rivera Rivera, de 45 años, en Mano de Tigre, poblado de la Reserva Indígena de Térraba.
Este homicidio es secuela de actos delictivos previos como quema de ranchos y de plantaciones, amenazas, cierre de caminos e intentos de homicidio, que ocurren desde hace hace más de un año en la región, y que desencadenaron el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, otro líder indígena, el 18 de marzo de 2019 en Salitre.
La CIDH manifestó que en las últimas semanas recibió información sobre amenazas de muerte e incitación a la violencia en contra de los defensores de derechos humanos Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffrey López Castro, ambos integrantes de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, en la provincia de Puntarenas. Al parecer, estas amenazas también se habrían manifestado en contra de sus familiares.
De acuerdo con la información recibida por la Comisión, las amenazas se intensificaron a raíz de la labor de derechos humanos y de la denuncia pública del asesinato de Yehry Rivera, que tuvo lugar un día después de que se iniciaran nuevas acciones tendientes a la recuperación de tierras en el Territorio Brörán de Térraba, en la misma provincia.
"La CIDH destaca la importancia del territorio para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, y reitera lo establecido por la Corte IDH, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social del colectivo”, dijo la Comisión en un comunicado de prensa.
La Comisión también denunció la falta de avances sustantivos en la línea de investigación del asesinato de Sergio Rojas, lo que tiene como consecuencia que no se haya enjuiciado aún a los responsables.
Reiteró que este crimen debe ser investigado de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales.
Asimismo, esta instancia de la Organización de Estados Americanos, recordó que, conforme a la Medida Cautelar 321-12, el Estado debe adoptar medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri en la provincia de Puntarenas.
“La CIDH llama al Estado costarricense a reforzar las medidas de protección integral adoptadas a favor de líderes indígenas y defensores de derechos humanos en los territorios de Salitre y Térraba, así como a investigar estos hechos pronta y diligentemente. En la investigación, el Estado debe incluir líneas donde se analice como hipótesis que estos actos de violencia han tenido como móvil la actividad como defensores de derechos humanos”, destacó.
La Comisión señaló que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad.
“Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión”, agregó.
Pueblo Térraba o Teribe
La reserva del pueblo Térraba o Teribe está en San Francisco de Térraba, en el distrito de Boruca, cantón de Buenos Aires, Puntarenas. Fue establecida mediante decreto del 15 de noviembre de 1956.
FUENTE: INEC Y FOREST PEOPLES PROGRAMME || c.f. / LA NACIÓN.
Lento proceso para devolver tierras a indígenas
El 1.° de marzo del 2016, el Gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto denominado Plan-RTI, para devolver a las personas autóctonas las tierras en los 24 territorios indígenas. El plan se creó para resarcir las tierras y cumplir con lo ordenado por la Ley Indígena (6.172) del 29 de noviembre de 1977, que estableció 24 territorios del país cuyas tierras son propiedad de los indígenas.
El proyecto está previsto para desarrollarse en bloques y deberá concluirse en el 2022, cuando se espera tener expedientes de todas las fincas y que sean puestos en manos de personas autóctonas.
Sin embargo, el avance del plan es limitado. En el caso de Térraba se está en un proceso de censar los predios. Se han contabilizado 825 lotes pero todavía falta los planos y determinar quien es el dueño actual. Luego vendrá el desalojo.
Para las autoridades, los actos delictivos en estas zonas se dan porque, desde hace años, los indígenas se organizaron para realizar recuperaciones de hecho. Es decir, organizaciones indígenas envían una notificación a algún poseedor de tierra que consideran no indígena en Térraba o Salitre, y lo invitan a abandonar el lugar, para lo cual le dan un plazo.
Este tipo de acciones generan la reacción de los llamados no indígenas, quienes alegan ser dueños legítimos de esas fincas e incluso ser descendientes de algún indígena.
Debido al conflicto, la CIDH desde el 30 de abril del 2015 dictó una medida cautelar obligando al Gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del pueblo indígena Bribri de Salitre”.
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