El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió en los primeros 10 meses de este año 6.340 casos de asaltos y robos en viviendas, eso implica 20 robos al día, en promedio. Las zonas más golpeadas están en la periferia del país.
Gustavo Rubí, jefe de la Unidad de Robo a Viviendas del OIJ dice que, según su experiencia como investigador, los ladrones escogen casas que tienen varios puntos por donde les resulta fácil entrar.
Además, muchas de esas casas rurales están retiradas unas de otras, lo que impide que los vecinos se percaten de las sustracciones.
En esos poblados tampoco se acostumbra usar alarmas o cámaras de seguridad y por eso los rateros y las bandas organizadas se sienten más atraídas a robar, dijo Rubí.
Las estadísticas del OIJ colocan los distritos de Liberia, Guanacaste; San Isidro y Daniel Flores de Pérez Zeledón; Turrialba, en Cartago; Ciudad Quesada de San Carlos, Upala, en Alajuela y Pococí, en Limón encabezando la lista de los 20 más golpeados por ladrones de viviendas.
Al revisar el listado de los 20 más afectados, solo los distritos de Alajuela y Pavas son de la Gran Área Metropolitana (GAM) el resto están en zonas retiradas.
Los datos; sin embargo, muestran una leve baja, al registrar 488 robos menos que en igual periodo del 2017.
El recuento por provincias pone a Alajuela en la cabeza de la lista, seguida por San José y Puntarenas. Por el contrario, Cartago es la provincia que menos robos a viviendas presenta.
Un proyecto de ley presentado el lunes pasado que se denomina Regulación del Comercio de Empeño y Bienes Físicos, busca golpear los robos y asaltos al prohibir el funcionamiento de las casas de empeño o compra ventas entre las 9 p. m. y las 6 a. m. La iniciativa también pretende obligar a los dueños de esos negocios a registrar la identidad de quienes les vendan objetos.
Madre estremecida por asalto pide justicia
Doña Haydeé Villalba, una educadora pensionada, pasa mañana y tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, aferrada a un milagro que le devuelva la salud a su hijo, Pablo Ramírez. Se trata de un ingeniero de 47 años, baleado en el cuello durante un asalto a su vivienda en Desamparados el 2 de octubre.
La bala que impactó al profesional le tocó la columna y la médula y su condición sigue siendo delicada.
“Ya uno no está seguro ni dentro de la casa. A mi hijo le robaron la computadora, la tableta y dos celulares, así como la billetera, una pantalla de televisión y las llaves del carro y la moto. Qué tristeza da pensar en lo que espera a la niñez y la juventud”, dijo Villalba.
Afirmó que a diario habla con los médicos y está en todas las visitas con su hijo. “Unos días me voy llorando de dolor, otros días lo veo reaccionar a estímulos y me voy contenta”, agregó.
Doña Haydeé clama por justicia para su hijo, quien es padre de dos niñas. El paradero de los sospechosos sigue siendo incierto.
Autoridades discrepan por medidas cautelares
Cuando las autoridades logran aprehender a los presuntos asaltantes, la imposición de medidas cautelares no siempre implica cárcel.
En algunos casos, la Fiscalía cuestiona la decisión de muchos Juzgados que dejan libres a todos o a una parte de los delincuentes que la Policía captura.
Por ejemplo, tres sujetos detenidos por el OIJ el martes pasado en el distrito peninsular de Cóbano, Puntarenas, acusados de varios delitos, quedaron en libertad poco tiempo después.
Lo anterior pese a que la Fiscalía pidió encarcelarlos, ya que se les atribuyen 12 asaltos con armas a supermercados, estaciones de servicio, casas, cafeterías, hoteles y peatones.
Se trata dos hermanos y su tío, quienes anteriormente habían sido presentados ante el Juzgado de Cóbano y tienen una causa abierta como sospechosos de asaltar a turistas en los alrededores del río Arío, en Cóbano. Los hombres viajaban en motos y cometían los asaltos entre las 9 y 11 p. m.
Los agentes les decomisaron tres armas de fuego, municiones, radios de comunicación, dos motos y diez plantas de marihuana de 15 centímetros cada una.
El Juzgado resolvió que los hermanos Calderón Reyes deben presentarse a firmar una vez a la semana y no pueden tener contacto con víctimas y testigos, mientras que su tío, de apellidos Calderón Obando, quedó libre y sin ninguna medida cautelar.
Aunque el Ministerio Público apeló esa decisión, ahora se está a la espera de que se señale una nueva audiencia, en la cual reiterará la solicitud.
Entre los factores que los jueces toman en consideración antes imponer prisión preventiva, está el actual hacinamiento carcelario y que no en todos los casos se requiere dictar la más drástica de las medidas cautelares.
De hecho, en recientes casos de allanamientos masivos, aproximadamente el 40% de los detenidos no va a prisión preventiva.
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En el contexto del hacinamiento de cárceles en el país y los beneficios a presos que pasan a regímenes semiabiertos, Wálter Espinoza, director del OIJ, aseveró en noviembre del año pasado que eso perjudica, de cierta manera, la labor realizada por la Policía.
“Nosotros los capturamos y poco tiempo después ya están libres. En algunos casos, estas personas se fugan del sistema semiabierto y ahí es donde nos perjudican, porque tenemos que destinar recursos para buscar a quienes ya habíamos detenido”, afirmó esa vez el director policial.
Para Joaquín Sánchez, jefe de la Sección de Asaltos, hay muchas personas reincidentes en asaltos y estima importante que se cumpla con las penas impuestas y que el Estado vele por resocializar a las personas sentenciadas. “La ley está para aplicarse y ello contempla el cumplimiento de la condena”, dijo.