Beneficios a reos y nuevas cárceles reducen hacinamiento

En agosto del 2015, el hacinamiento en las cárceles era preocupante: había espacio para 9.130 reclusos, pero, pese a ello, recluía a 13.907 reos. La sobrepoblación rondaba el 52%.

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Más de dos años después, el escenario mejoró: los beneficios otorgados a los presos y la construcción de nuevos espacios redujeron el hacinamiento a 28.8%, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

Es decir, actualmente la capacidad máxima del sistema penitenciario aumentó a 10.701 campos y, para el 2 de octubre, recluía a 13.783 personas.

Con esta disminución, la cartera está más cerca de la meta que se había propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Allí, se proponía rebajar el hacinamiento a un 20% para el 2018.

Y se prevé que la situación mejore en el primer semestre del 2018, cuando se pueda hacer uso de la nueva Unidad de Atención Integral (UAI) de Pococí y cuando se haya terminado la construcción de un arco modular en La Reforma y la remodelación del ámbito D, también de La Reforma.

En total, se abrirían 1.144 espacios nuevos.

Sin embargo, las autoridades penitenciarias advirtieron que, si la cantidad de ingresos de reos sigue subiendo, será “casi imposible” paliar el hacinamiento.

De momento, Justicia recibe 840 privados de libertad al mes y, en ese mismo periodo, se da un egreso inferior a los 400 reclusos. Hay una diferencia de cerca de 440 presos, que el sistema debe acoger, pese a las condiciones que afronta.

Beneficios. Como la crisis en el sistema penitenciario llegó a su punto más álgido, las autoridades comenzaron a echar mano de los beneficios carcelarios para ir descongestionando las cárceles.

Principalmente, se promovió la reubicación de reclusos al régimen semiabierto, donde solo deben dormir de una a cinco noches en un Centro de Atención Semiinstitucional (CASI).

Al 1°. de octubre, había 4.495 personas bajo esta modalidad, quienes han sido promovidos en los últimos cuatro años, detalló Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social.

En este sentido, resaltan las dos polémicas circulares emitidas en el 2016 por la ministra, Cecilia Sánchez, la cual ordenaba la salida de reos “no peligrosos” para bajar el hacinamiento.

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Además de estas reubicaciones, otro beneficio que ha ayudado en esta labor es la puesta en marcha del proyecto de tobilleras electrónicas.

Pese a que Justicia no tiene injerencia sobre quiénes pueden o no usar esos dispositivos, Barrantes aseguró que alivianan la carga sobre el sistema. Actualmente, hay 435 personas bajo esta modalidad.

Sin embargo, estas decisiones han levantado diferentes opiniones entre la ciudadanía, sobre todo luego de que la Policía recapturara a varios de los beneficiados por estar cometiendo otros delitos.

En este sentido, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial, aseveró, en una conferencia de prensa dada semanas atrás, que el otorgamiento de beneficios perjudica, de cierta manera, la labor realizada por la Policía.

"Nosotros los capturamos y poco tiempo después ya están libres. En algunos casos, estas personas se fugan del sistema semiabierto y ahí es donde nos perjudica porque tenemos que destinar recursos para buscar a quienes ya habíamos detenido", reprochó el director policial.

Por su parte, Gustavo Mata, ministro de Seguridad, ha sido insistente en indicar que al problema del hacinamiento se le deben buscar otras medidas y no así la "liberación de reos".

Pese a que se le llamó en repetidas ocasiones, no se pudo localizar a Mata. No obstante, en entrevistas dadas con anterioridad, reprochaba ese accionar de Justicia.

Mario Redondo, diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana, es otra persona que ha sido bastante crítica con estas medidas.

Ante esto, Barrantes insistió en que el otorgamiento de beneficios se hace “de forma rigurosa” y se les da un seguimiento “intenso”.

“Hay una falsa percepción de que estas personas reubicadas están libres y no. Ellos están sometidos a un control y seguimiento y, si fallan, se toman las medidas correctivas necesarias. (…) No somos permisivos.

”No podemos perder la perspectiva de que son seres humanos y que merecen ser tratados como personas que tienen capacidad de cambiar y que tienen habilidades”, apuntó Barrantes.

Actualización. Además de los beneficios, las autoridades de Justicia tuvieron que readecuar los espacios con los que se contaban y echar mano del presupuesto para poner a andar algunas construcciones.

Según dijo Barrantes, durante este año se le pidió a los directores de las cárceles revisar la capacidad real de cada centro.

Por ejemplo, la cárcel La Reforma pasó de tener 2.197 espacios a 2.295. El centro penal de Cartago pasó de tener una capacidad real de 296 privados de libertad a 344. Allí se construyeron dos dormitorios, de 24 personas cada uno, y la inversión fue de ¢120 millones.

No obstante, en esa revisión, también se redujo la capacidad en algunas prisiones. Tal es el caso de la de San Sebastián, que pasó de 668 espacios a 560.

Entonces, para contrarrestarlo, se hizo una remodelación en dos de los tres módulos que componen el ámbito D de La Reforma; se habilitaron 208 campos.

También construyeron dos nuevas cárceles: la UAI de Pérez Zeledón, con 256 campos; y la UAI de Alajuela, con 704 espacios. Estas fueron inauguradas este año y su valor fue de $17.8 millones y $22.8 millones, respectivamente.

“Estas edificaciones nos ha dado un respiro, pero, en definitiva, para poder eliminar el hacinamiento debemos construir, como mínimo, una cárcel al año”, concluyó Barrantes.

Más espacios en construcción

Aún hay más planes para mejorar la situación carcelaria. El Ministerio de Justicia y Paz prevé que, para el primer semestre del 2018, se tengan listos 1.144 espacios nuevos.

Según dijo Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social, las construcciones o remodelaciones se realizarán en Alajuela y en Limón.

La primera edificación que estará lista será la Unidad de Atención Integral en Pococí, Limón, la cual dará 640 espacios nuevos. Se prevé que se pueda inaugurar a finales de este año y comienzos del otro. Tiene un costo de $25.5 millones.

Lo siguiente sería estrenar, para el primer trimestre del 2018, el módulo C del ámbito D de La Reforma, en Alajuela. Con esto, se habilitarían 204 espacios. La obra cuesta ¢585 millones.

Mientras que la otra obra son los arcos modulares, también dentro del complejo penitenciario La Reforma. Generaría 400 campos y cuesta ¢2.295 millones.

Con esta última, Justicia ha tenido problemas, luego de que, en febrero del año anterior, la empresa Mavacon abandonara sin rendir explicaciones la construcción. Tenía un 60% de avance.

Esa compañía había sido adjudicada en el 2014 bajo la figura de “contratación directa autorizada” y es por un monto de ¢1.795 millones.

En este sentido, Barrantes señaló que ya se encuentran en la etapa final de contratación, por lo que se espera que para el primer semestre se termine.

Reincidentes ‘en acción’