Los tres principales aeropuertos de Costa Rica requieren de al menos 200 policías para resguardar la vida de los miles de pasajeros y trabajadores que los recorren a diario. Sin embargo, un estudio identificó que las terminales nacionales solo cuentan con la mitad de ese personal.
El faltante de funcionarios no solo pone en riesgo a los usuarios de los aeropuertos, sino que también provoca atrasos en el tránsito de los viajeros.
Así se desprende de una auditoría operativa realizada a las Unidades de Seguridad Aeroportuarias (USA) del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), entre el 2020 y el 2021.
De acuerdo con el informe, se detectaron deficiencias en la gestión de riesgos, en control interno y registro de activos, pero lo más alarmante fue la carencia de recurso humano policial y administrativo, así como los problemas de comunicación y coordinación.
Los resultados del estudio fueron comunicados en noviembre del año anterior al despacho del ministro de Seguridad, el viceministro de Unidades Especiales, el asesor jurídico, la Oficina de Planificación Institucional, la Dirección Administrativa y Financiera, y el Departamento de Control y Fiscalización de Activos.
Se identificó que en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría (Alajuela), Daniel Oduber Quirós (Liberia) y Tobías Bolaños Palma (Pavas) se requiere de al menos 200 policías para garantizar la seguridad aeroportuaria, pero solo se cuenta con 97, es decir, menos del 50% del personal.
Áreas sin vigilancia
Lo anterior genera que en ocasiones haya muy pocos funcionarios atendiendo tareas; también provoca sobrecarga de labores o, incluso, que no haya nadie en algunas zonas que deben ser vigiladas.
Por ejemplo, en el Juan Santamaría no se cuenta con ningún policía en el área de vestíbulo y counters, donde los viajeros entregan sus maletas y reciben sus pases de abordaje.
El jefe de la USA de esta terminal, Max Alvarado, indicó que en condiciones óptimas deberían estar al menos dos oficiales, ya que en esta zona se puede presentar delincuencia común, alteraciones de orden público y actos de interferencia ilícita.
En tanto, en el Daniel Oduber Quirós solo hay un policía en esta área y ni siquiera es permanente; es decir, hay horas en las que no hay ningún oficial en el sector.
Sobre esto, el jefe de la USA en la terminal liberiana, Otto Arrieta, indicó que debería haber cuatro efectivos para cubrir la jornada de 24 horas, ya que esa labor de vigilancia es fundamental para mantener el orden público y perfilar pasajeros y comportamientos de personas que puedan llevar sustancias ilícitas o trafiquen dinero (legitimación de capitales), así como para evitar la trata de personas.
La Auditoría aseguró que se debe atender este asunto con prontitud, porque estadísticas del 2012 al 2019 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) detallan que las entradas de personas desde el extranjero, vía aérea, representan, en promedio, el 71,36% de los ingresos totales al país.
De hecho, para los dos últimos años, la cifra absoluta de personas que arribó al país a través de los aeropuertos fue de 2.314.888 y 2.418.300 pasajeros. De ese total, 1,8 millones pasaron por el Santamaría.
Pero, además, se debe tomar en cuenta que solo en el aeropuerto Juan Santamaría también se debe vigilar y resguardar a 5.989 trabajadores que laboran en instancias gubernamentales, concesionarios, tiendas, aerolíneas, empresas de seguridad privada, el gestor del aeropuerto, servicios mecánicos y bancarios, Cancillería, empresas que rentan autos y cuerpos de emergencia.
En Liberia son 1.200 trabajadores.
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Revisión de viajeros
Otro problema es que tampoco hay suficientes manos para utilizar el equipo de revisión de viajeros y sus pertenencias antes del ingreso a las zonas de abordaje.
Este punto es determinante porque para cumplir con la regulación nacional e internacional, el 100% de los pasajeros deben ser inspeccionados con máquinas de rayos X, pórticos detectores de metales, detectores manuales de metales e inspecciones físicas.
Sin embargo, en Alajuela, una de las ocho máquinas de rayos X disponibles no se puede utilizar por falta de personal, y en Liberia solo operan tres de las cinco máquinas, también por falta de funcionarios.
De acuerdo con el informe, esto afecta las operaciones aéreas y provoca aglomeración de personas y filas al momento de los procedimientos de inspección, lo que obliga a que se tenga que recurrir a personal de otras áreas para cumplir las tareas, con el riesgo que conlleva dejar sin presencia policial otros puntos de las terminales.
“Téngase en consideración que para operar las máquinas de rayos X, el personal debe tener una licencia que es expedida por el Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Esto lo regula el Ministerio de Salud. Actualmente, 32 personas de nuestro personal tienen vencido ese licenciamiento; por ende, por ejemplo, no hemos seguido usando la máquina body scan, que es una máquina que compró la Dirección General de Aviación Civil pero que la usa Aeris, como concesionario, pero la operación había recaído en nosotros, porque la Policía de Control de Drogas, ente al que compete este tema, no tiene personal suficiente para este efecto.
“Para tener vigente esa licencia, cada funcionario debe llevar y ganar un curso anual, cuyo costo es de cerca de ¢62.000”, explicó el jefe de la USA de Alajuela.
En Pavas se añade otro problema, ya que tampoco hay suficientes oficiales para realizar recorridos o mantener presencia policial en los hangares y los alrededores de la terminal, en donde se han presentado robos.
De hecho, el puesto Golfo 03, en el sector oeste del aeropuerto, no opera por falta de funcionarios, lo que impide mantener un monitoreo permanente al lindero que conecta con las localidades de La Carpio y Rincón Grande, desde donde se dan ingresos a la pista y se han hurtado tubos y alambres de la malla.
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Agentes caninos
La auditoría también encontró que los funcionarios debieron pagar la medicina preventiva de los agentes caninos porque no había presupuesto, además de que existían problemas con los seguros de estos.
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La Nación solicitó una reacción al Ministerio de Seguridad Pública sobre los resultados de la auditoría y las acciones inmediatas que se ejecutarán para atender todo lo expuesto. Se sigue a la espera de su respuesta.