El alcalde de Osa de Puntarenas, Jorge Alberto Cole de León, es sospechoso de aprobarse un plus salarial de prohibición, sin contar con los atestados necesarios. Eso le permitió cobrar alrededor de ¢50 millones de más, entre el 2008 y el 2011.
Por ese aparente delito de peculado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó ayer la Municipalidad de ese cantón.
También lo hizo en la empresa Sociedad Topográfica Castral AyC S. A., a la que, supuestamente, el alcalde Cole benefició en una licitación para que “recibiera elevados pagos con fondos públicos, pese a no cumplir con los servicios para la cual fue contratada”, según informó el Ministerio Público.
Juan Carlos Cubillo, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, informó de que a Cole también se le achaca hacer nombramientos irregulares de funcionarios que no cumplían con los requisitos o que tenían prohibiciones, aunque no especificó cuántos.
En el expediente, además, se indica que, al parecer, el jerarca municipal, junto con los regidores que integraban el Concejo entre el 2007 y el 2010, segregaron un terreno del gobierno local de Osa a favor de una regidora.
Cubillo agregó que se indagan visados de planos hechos, de forma irregular, en el 2003.
Las gestiones realizadas ayer por las autoridades judiciales tenían como objetivo recabar evidencia que pruebe dichos hechos.
En el momento del allanamiento, el alcalde Cole no estaba en su oficina. Posteriormente, manifestó a La Nación que le preocupaba no haber estado presente para colaborar con la Fiscalía.
“Estas acciones son comunes y obedecen a denuncias interpuestas por personas que tienen todo el derecho de hacerlo. Estoy confiado en la justicia, ya que todo lo que se ha hecho en la Municipalidad está apegado a las leyes”, sostuvo.
Según la Fiscalía, además del alcalde Cole, se investiga a las 11 personas que eran regidoras en los periodos que se indagan.
Alerta previa. En noviembre del 2011, la Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre los pagos de más que recibió el alcalde y le ordenó devolver ¢58,6 millones a las arcas del Estado.
En aquel entonces, la CGR explicó que el funcionario devengó ese dinero por concepto de prohibición al ejercicio liberal de la profesión, entre mayo del 2008 y octubre del 2011, y que correspondía a un 65% adicional a su salario base.
La entidad detalló que el alcalde no cumplía con los grados académicos requeridos, porque era tecnólogo en Procedimientos Radiológicos con un título de diplomado.
El pago de un 65% por prohibición deben recibirlo quienes tengan una licenciatura y ejerzan una profesión liberal.
La CGR informó ayer de que presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso de Goicoechea para hacer el reclamo y que este proceso continúa en trámite.
Según Cubillo, aunque eventualmente se haga la reposición de la plata, esto no eximiría al funcionario del proceso penal.