La construcción de siete cárceles, conocidas como unidades productivas, pretende bajar el ocio en prisión, así como poner a estudiar y trabajar a 2.072 reos de baja y mediana contención.
Los planos de las siete cárceles se encuentran en la recta final de ser entregados por el consorcio CGL World Solutions-OBP Arquitectos Costa Rica, con el cual se suscribió un contrato por $3,9 millones para diseñar los edificios .
Ese dinero se está pagando con fondos del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social.
El diseño de la infraestructura contiene espacios arquitectónicos que se conciben como una pequeña ciudad-urbanización con calles, paseos y una plaza.
Sus creadores aseguran que tienen una imagen carcelaria menos agresiva y más amable con su entorno, con condiciones mínimas de habitabilidad, adecuada temperatura, ventilación, exposición a la luz natural, aire libre y dormitorios de pocos individuos (máximo ocho).
En total, las siete cárceles tienen un área de construcción de 109.300 m² (en promedio, 15.000 m² por unidad productiva).
Además, incluye espacios para educación, capacitación, talleres industriales y centros de producción.
Modelo de gestión. De acuerdo con los siete diseños que presentó el consorcio, en poder de La Nación , el modelo de gestión está basado en la readaptación social de los reclusos.
Los espacios permitirán desarrollar una gama de programas productivos para la superación personal del recluso, con lo que se espera tener cambios en su comportamiento y, a largo plazo, reducir la reincidencia.
Por ejemplo, deben crearse programas de alfabetización, educación primaria y secundaria, educación abierta y universitaria, educación técnica y formación profesional acreditados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), talleres industriales y centros de producción.
Paralelamente, debe haber talleres terapéuticos de atención individual y grupal, servicios de asistencia jurídica y social, salud física y emocional, servicios religiosos y espirituales, recreativos, economato, áreas de visitas, alimentación, lavandería y peluquería.
Cambios. Inicialmente, el Gobierno anterior ideó crear 15 unidades productivas que ubicaran solamente a reos de baja contención; es decir, con un perfil criminal adecuado para aprovechar las opciones de trabajo y estudio.
Sin embargo, actualmente, se cambió a seis recintos para reos de mediana contención, los cuales serán ubicados en Pococí (Limón), Nicoya y Liberia (Guanacaste), Pérez Zeledón (San José) y San Luis (Heredia), y uno más en San Rafael de Alajuela para baja contención. Además, otro para mujeres en Heredia.
La consultoría del consorcio CGL-OBP incluye una estimación del personal técnico, de seguridad y administrativo que se necesita para cada unidad.
Según esa previsión, se debe contratar a 998 funcionarios para los siete centros: 110 técnicos, 65 administrativos, 635 policías, 55 de mantenimiento, 84 para alimentación y 49 educadores.
La ministra de Justicia, Cristina Ramírez, aseguró que ella ya pidió un análisis de necesidades a Recursos Humanos, con la previsión presupuestaria. Añadió que se trata de personal nuevo que deberá ser contratado meses antes de que empiece la construcción de las unidades productivas, para que sea entrenado en las actuales cárceles del país.
Cuando estén listos los planos, saldrá a concurso el plan para buscar la constructora.