Después de recibir una alerta la noche del martes, la Fuerza Pública procedió a la captura de dos individuos sospechosos de portación y almacenaje ilegal de armas en una propiedad en playa Piuta de Limón y simultáneamente se informó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los agentes judiciales, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, llevaron a cabo un allanamiento en la propiedad la mañana de este miércoles, donde se incautaron de varias armas de fuego, detuvieron a otros tres individuos y confiscaron dos lanchas de tipo eduardoño, debido a alteraciones de marcas, así como un vehículo de alto precio y dos estañones de combustible.
Además, se coordinó con el personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para realizar una planimetría del sitio, debido a la aparente usurpación de terrenos, según informó la Policía Judicial.
Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública en Limón, indicó que los agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) llevaron a cabo la investigación inicial que permitió al OIJ profundizar en las pesquisas.
Durante la primera intervención, los oficiales del GAO encontraron a varios individuos manipulando armas de fuego en el lugar y constataron que portaban carabinas. Por lo tanto, solicitaron la documentación correspondiente, y al no poder proporcionarla, detuvieron a los individuos.
Los detenidos inicialmente fueron Kooper López, de 18 años y Velásquez Solano, de 20 años, ambos son oriundos de Limón y vecinos de barrio Quinto o Limoncito. Los dos quedaron a disposición de la Fiscalía.
Posteriormente, el OIJ llevó a cabo la operación en la que se detuvo a otros individuos con apellidos Fernández Samuels, de 31 años; Millán López, de 20 años; y Ortiz Navas, de 35 años, este último de nacionalidad venezolana.
Las autoridades están a la espera del informe del SINAC. No se descarta tomar medidas similares a las ejecutadas en febrero de este año, a pocos kilómetros de esa propiedad en Moín, cuando las autoridades llevaron a cabo 10 órdenes de derribo y desalojo de propiedades ubicadas en la zona marítimo-terrestre y lotes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
En esa ocasión, el entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres, afirmó que las viviendas pertenecían al crimen organizado y se utilizaban únicamente para el almacenamiento de estupefacientes producto del tráfico internacional de drogas.
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