La expresidenta de la República, Laura Chincilla Miranda (2010–2014), cuestionó la decisión tomada por el Gobierno de sacar a los oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) de muelles, aeropuertos y puestos fronterizos para encargar la detección y decomiso de drogas a la Policía de Fronteras o a Vigilancia Aérea.
Esa decisión es contraria a lo establecido en el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, el cual indica que la PCD tiene a cargo las “operaciones permanentes de control preventivo” en fronteras, costas, puertos y aeropuertos “para impedir el ingreso o salida de drogas ilegales”.
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, afirma que esa medida pretende que se concentren los recursos de la PCD en la investigación y no en la prevención, como se ha hecho hasta ahora.
En una entrevista con este diario, la exmandataria llamó a los diputados de la Comisión de Narcotráfico a investigar cómo se tomó esa decisión y qué es lo que está pasando en la PCD.
– ¿Cómo analiza las denuncias hechas por varios oficiales encapuchados y un dirigente sindical con respecto a sacar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de muelles, aeropuertos y puestos fronterizos?
– Sé que hay desazón en la PCD, que se viene arrastrando esa desazón y eso se debe a que los oficiales sienten que la están debilitando y que los están marginando.
– ¿Recuerda en el país un antecedente de este tipo?
– No hay un precedente en donde policías de cuerpos especializados salgan a plantear denuncias de este calibre. Independientemente de que haya sustento o no, porque algunas autoridades podrían salir a negar algunas de las afirmaciones hechas por los oficiales, es obligación llegar hasta el fondo de lo que está pasando.
“Hay una alerta que no se puede ignorar. Creo que, en el punto que está el país, hay que garantizar de que esa indagación sobre lo que está pasando con la PCD, que en este momento debería estar a la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico, sea independiente. No es la primera vez que lo digo, cuando las fracciones legislativas me han invitado a hablar de estos temas, les he venido insistiendo que los diputados, desde la Comisión de Narcotráfico, deberían empezar a llamar a los jerarcas a rendir cuentas.
“Así como los jerarcas están pidiendo recursos a la Asamblea Legislativa y se los están dando, así mismo los legisladores deben llamarlos a cuentas para que expliquen cómo evoluciona la lucha contra la criminalidad.
“Existen los instrumentos jurídicos necesarios, si es del caso comparecer a puerta cerrada, si no se quiere poner en riesgo la integridad de algunos funcionarios, hay comparecencias que se pueden hacer privadas. Hay muchos antecedentes así. Hago un llamado vehemente a los diputados de la Comisión de Narcotráfico”.
– ¿Por qué es importante que los diputados atiendan ese llamado?
– Porque estamos en un momento en el que no nos podemos permitir que esas dudas queden en el aire.
– Hay en este tema una parte jurídica y otra operativa, porque la normativa encarga a la PCD la prevención del ingreso o salida de drogas del país y la investigación del narco, pero el ministro de Seguridad afirma que debe encargarse esas tareas a Policía de Fronteras y concentrar a la PCD en la investigación ¿Cómo analiza ese aspecto?
– Creo que en una coyuntura tan delicada como la que está viviendo el país en materia de narcotráfico, los cambios abruptos no son los más aconsejables. Yo no puedo discutir a profundidad esa decisión del ministro (Zamora) porque no tengo todos los elementos, yo no estoy sentada en ese sillón.
“Lo que yo habría aconsejado es hacer una transición gradual, porque hacer un cambio abrupto y pasar de oficiales con toda la experiencia, a una policía que no tiene experiencia, podría generar que no tengan la capacidad de gestionar alguna información clave para investigaciones, etcétera.
“Un cambio abrupto no es lo más conveniente, me parece contraproducente, por lo menos tuvo que haber un proceso gradual para transferir conocimientos y haber dado un entrenamiento, pero si eso se produjo así, sin más, de un día para otro, me genera preocupación”.
– Usted comenta en redes sociales que el país debe evitar llegar a niveles como los de México, Colombia o Ecuador ¿cree que Costa Rica muestra señales de estar en la misma ruta de violencia que esas naciones?
– Dejemos México y Colombia, de momento, de lado, porque cualquiera podría estar diciendo: ‘¡que señora tan exagerada!’, en esos países hay una guerra abierta de las bandas narco tomando control del Estado, a ese punto llegaron, aunque Colombia ha hecho progresos.
“Pero vamos a coger el caso de Ecuador, junto a Costa Rica era un país con tasas de homicidios más bajas y controladas (...) La gente decía que Ecuador era un país tranquilo, un país de paz y sin eventos criminales alarmantes.
“Sin embargo, cuando vemos la evolución de la tasa de homicidios de Ecuador, en tan solo tres años pasaron de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2020 a 25 por cada 100.000 habitantes en 2023, esa era una advertencia de que algo estaba pasando ahí.
“Algunos, en Ecuador, hicieron lo mismo que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chaves hace unos días, él minimizó las muertes en Limón, porque dizque se producen entre las bandas, eso es una barbaridad. Eso es un gravísimo error, lo único que hace es poner una venda en los ojos de los funcionarios que no quieren ver el problema.
“En Ecuador también decían que era entre los criminales el problema, pero les acaban de matar un candidato a la Presidencia de la República. En el caso de Costa Rica, entre el 2020 y el 2023 la tasa de homicidios pasó de 11,2 a 15,4 (cifra proyectada), no es tan grande como el de Ecuador, pero vamos en esa dirección”.