El Ministerio Público valorará la apertura de una causa penal una vez que concluyan las demoliciones de las estructuras en las que el narco guardaba droga a menos de 500 metros de la estación de Guardacostas de Limón. Así respondió al ser consultado sobre si contaba con un proceso por desacato o incumplimiento de deberes, ya que el operativo llegó un año y tres meses tarde.
La Fiscalía confirmó que las órdenes de desalojo fueron emitidas por el Juzgado Penal de Limón desde octubre de 2021. Sin embargo, pasaron 15 meses para que la Municipalidad de Limón pusiera su sello para las demoliciones, realizadas el pasado 21 de febrero en propiedades ubicadas en la zona marítimo terrestre y lotes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en Moín de Limón. Una estructura incluso contaba con una piscina y todas tenían salida libre por un canal de agua que llega al mar Caribe.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, aseguró que las viviendas demolidas pertenecían al crimen organizado y eran utilizadas únicamente para guardar estupefacientes producto del tráfico internacional de drogas. De hecho, en algunas edificaciones había numerosas lanchas con motores de alta gama y varias “pichingas” de gasolina, aunque sin ningún tipo de equipo de pesca.
La Fiscalía confirmó a este periódico que el día de los operativos de desalojo unas estructuras estaban completamente vacías y que los ocupantes de una de las casas manifestaron no tener interés en los enseres que había dentro de ella, por lo que abandonaron el lugar sin llevarse nada con ellos.
Ana Matarrita McCalla, vicealcaldesa de Limón, había confirmado que fue ella quien firmó la orden de desalojo de las estructuras ubicadas en Moín, pero subrayó que desconocía cuales eran los motivos por los cuales se había esperado tanto para demolerlas y alegó que eso debía responderlo el alcalde.
No obstante, cuando La Nación solicitó una entrevista con el alcalde Néstor Mattis, para preguntarle por este tema, la oficina de comunicación del ayuntamiento respondió que no iba a referirse al caso. Incluso evadió contestar si el municipio tenía conocimiento de que en ese sitio se ocultaba droga.
La Fiscalía no aclaró si el proceso penal por desacato se abriría contra la Municipalidad, el Instituto Costarricense de Turismo o cualquiera otra entidad involucrada en la ejecución del desalojo.
Alcalde esquiva responsabilidad
La semana anterior, Mattis afirmó en el programa “Limón tiene voz”, que su gobierno local no tiene nada que ver con Moín y que ni siquiera recibió algún documento relacionado a la orden de desalojo. Empero, Matarrita había dicho a este diario que a ella le tocó firmar la orden porque en el momento en que esa gestión ingresó al municipio, Mattis se encontraba suspendido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Hay una ley de zona marítimo terrestre que dice que la Municipalidad de Limón tiene en administración y es responsable de la zona costera desde el aeropuerto de Limón y hasta Tuba Creek, frontera con Talamanca. Y que desde el paralelo 69 que es donde queda playa Bonita hacia el norte en Barmouth, que es la frontera con el cantón de Matina, le corresponde al Instituto Costarricense de Turismo; nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con Moín.
“Es más, aclaro, yo no tengo ninguna resolución de un juez de la República que me diga a mí que yo tengo que participar en esas demoliciones, el que dice lo contrario miente, y que me lo prueben. ¿Cuál es el documento que dice que la Municipalidad tenía que hacer eso? No hay ninguno. Y si yo soy el representante legal de la municipalidad, a mí es el que me lo mandan, pero yo no tengo ninguna documentación en ese sentido”, comentó el alcalde en el programa que se transmite por Facebook.
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