El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Goicoechea le quitó este martes una fortuna a un vendedor de tiempos, quien no pudo justificar el origen lícito de ese dinero.
En total, aquel vecino de Hatillo poseía ¢77 millones y $487.500 (¢243.750.000), que ahora pasarán a las cuentas del Estado.
El caso fue llevado a los tribunales por el Ministerio Público, el cual alegó que existía un crecimiento de patrimonio sin justificación.
La causa se tramitó con base en la figura de capitales emergentes, que incluye la Ley Contra la Delincuencia Organizada, del 2009.
“(Esa figura) tiene como fin perseguir el patrimonio que no tiene justificación lícita, aun cuando en la vía penal no se haya logrado establecer con certeza que proviene de un delito”, explicó ayer el Ministerio Público por medio de un comunicado de prensa.
Esa entidad explicó que la investigación se inició en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos por el supuesto delito de legitimación de capitales. “No obstante, en el 2011, pese a la intensa investigación realizada en conjunto con la Policía Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), no se logró determinar el delito precedente”, informó la Fiscalía.
“La legislación costarricense establece que, para probar el delito de legitimación de capitales, debe acreditarse un delito precedente; por ejemplo, fraude, evasión de impuestos o narcotráfico, entre otros”, agregó la entidad en el comunicado.
Ante eso, la Fiscalía llevó el caso al Juzgado Contencioso, el cual inmovilizó el dinero, que permanecía en dos cuentas bancarias.
Este martes, el Juzgado resolvió que el dinero pase a manos del ICD.
Dudas que retrasaron. La causa del vendedor de tiempos y la de otras tres personas estuvieron suspendidas debido a dudas que plantearon varias juezas.
Las funcionarias consultaron a la Sala Constitucional si era de su competencia resolver los casos de capitales emergentes pues sostuvieron que eso era materia del derecho penal. En dos resoluciones de mayo y junio, la Sala IV les respondió afirmativamente.
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, destacó la importancia de este fallo. “Tiene gran relevancia para el abordaje de la legitimación de capitales ya que, aunque no se produce una pena de prisión, se produce la pérdida de todos los bienes no vinculados a fuentes lícitas”, dijo el jerarca a través de su oficina de prensa.