Un crédito de $1.280.000 (¢640.000 millones) que otorgó el Poder Judicial a la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) para que cancelara una hipoteca, causó revuelo dentro de la institución.
Dos grupos representantes de jueces se opusieron a que se prestara ese millonario monto proveniente del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Los oponentes fueron el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud). Esta última incluso presentó una impugnación ante el Tribunal Contencioso-Administrativo el 1.° de marzo pues calificó el préstamo de “ilegal”.
El Tribunal dictó como medida cautelar la suspensión del crédito.
Dicho préstamo había sido avalado por el Consejo Superior el 5 de febrero del 2013.
Adriana Orocú, presidenta de la Acojud, explicó que el grupo objetó el acuerdo porque la Ley Orgánica restringe la entrega de ese dinero. “Como Asociación, desde el año pasado tenemos la posición de que, conforme a la ley, solo puede prestarse a organizaciones como cooperativas, cajas de préstamos del Poder Judicial o bancos del Estado”, señaló Orocú.
La jueza señaló que la Anejud no cumple con esas características y que trasladarle la plata pone en peligro el Fondo de Pensiones. “Queremos que se preste a organizaciones lo suficientemente solventes y que haya supervisión adecuada”, manifestó Orocú.
Para empleados. Francisco Gutiérrez, representante de la Anejud, dijo que la plata se pidió para cancelar una hipoteca del Centro de Recreo de esa Asociación, el cual, a su vez, respondería ante el Fondo de Pensiones del Poder Judicial por otros créditos.
“Desde el 2004 recibíamos muchas solicitudes de crédito de los afiliados y nos dimos a la tarea de gestionar un crédito ante el Fondo para atender las necesidades de los funcionarios”, dijo.
Agregó que, en el 2008, se les otorgó un préstamo de ¢1.000 millones, de los cuales se han cancelado unos ¢300 millones. Luego, según dijo, se les aprobó otro de ¢2.000 millones que no ha sido ejecutado.
Gutiérrez enfatizó en que la idea era liberar el inmueble hipotecado y ponerlo a responder por toda la deuda, por lo que pidieron los otros ¢640 millones.
Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, argumentó que el crédito se dio porque generaba las mejores ganancias en intereses para el Fondo.
“Respeto el criterio legal (de Acojud), pero no lo comparto porque tengo otro criterio legal de que la Anejud es solo un intermediario y que a quienes se les va a dar el préstamo es a los empleados”, manifestó Jones.
Nota del editor: Esta noticia fue actualizada para corregir el monto del crédito.