El 10 de marzo del 2020, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, le pidió a José Luis Bermúdez, quien era el director de Adaptación Social, dejar su puesto el 15 de ese mes. Ese mismo día, la cartera anunció que la viceministra de Justicia y de Asuntos Penitenciarios, Viviana Boza Chacón, asumiría como recargo la dirección interina de esa dependencia que se encarga, en términos generales, de velar por la custodia de todos los privados de libertad.
Esa “tridimensionalidad funcional” que ejerce Boza desde hace casi dos años es, para el defensor público Danicio Fernández, una “concentración absoluta de poder”, ya que la toma de decisiones sobre la administración penitenciaria recae únicamente en ella. Es decir, si una gestión relacionada con un privado de libertad se resuelve en Adaptación Social, pero luego cabe un recurso en alzada, ante el superior jerárquico, sería ella misma la responsable.
Por eso, en una audiencia con el juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Juan Carlos Alvarado Miranda, Fernández planteó que esto debía ser investigado.
En esa diligencia, donde se cuestionaban algunas acciones tomadas por Justicia en contra de los derechos de los reclusos, Alvarado puso particular interés en lo mencionado por Fernández y, por ello, en la resolución N° 2021-005874 de agosto pasado, ordenó testimoniar piezas contra Boza.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que el 24 de setiembre se abrió la causa por el presunto delito de abuso de autoridad, bajo el expediente 21-000260-1218-PE. Sin embargo, por sus políticas internas, la Fapta no brindó ninguna otra información al respecto.
El juez Alvarado Miranda también pidió que el asunto fuera revisado por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), así como que se comunicara al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, sobre el testimonio de piezas para que se abriera el procedimiento administrativo disciplinario o afín contra Boza.
Sobre esto, la Procuraduría indicó que efectivamente el asunto se encuentra en investigación preliminar, tras recibir la denuncia DEP-229-2021, la cual “refiere a un posible conflicto de interés en que habría incurrido Boza por su doble condición de Viceministra de Justicia y Viceministra de Asuntos Penitenciarios; así como su nombramiento como Directora General de Adaptación Social”.
Pero, esa entidad indicó que esta no es la única denuncia que han recibido sobre este caso. El 10 de agosto del 2020, recibieron una alerta por “varios nombramientos y dentro de ellos, se denunció esa situación como recargo”. A esta se le dio trámite bajo el expediente DEP-124-2020, el cual continúa en investigación preliminar. Agregó que no hay un plazo definido para resolver estos señalamientos.
Viviana Boza, por medio de la oficina de prensa de la institución, indicó que no ha sido notificada de ninguno de estos procesos, pero, agregó que: “En un Estado de Derecho, las actuaciones de los y las funcionarias públicas siempre estarán bajo escrutinio. (...) Es respetuosa del ordenamiento jurídico y siempre he tenido la disposición de rendir cuentas sobre sus actos con total transparencia”.
En cuanto a esta tridimensionalidad de funciones que denuncia el defensor, el mismo departamento de prensa mencionó que la jerarca Salazar decidió que ella ocupara esos puestos porque son de confianza. Insistió en que “no existe ningún impedimento para hacer este recargo (interino) de funciones”, ya que Boza cumple con los requisitos.
Se le consultó si, como parte del presupuesto ordinario para el 2022, contemplaron la partida para cubrir la plaza de la Dirección General de Adaptación Social y así evitar estos cuestionamientos, a lo que respondieron que sí se se incorporó que que su designación queda a criterio de la nueva administración.
Un ‘abuso’ que hay que investigar
Entre los cuestionamientos que planteó el defensor Fernández ante el juez de Ejecución de la Pena está el nombramiento de Boza como viceministra de Asuntos Penitenciarios, ya que ese puesto “ni siquiera está creado por ley, generando un roce de legalidad”. En efecto, en el Reglamento de Organización Administrativa del Ministerio de Justicia, N°41109 JP, se estipulan únicamente tres viceministerios: el de Justicia, el de Paz y el de Gestión Estratégica.
El otro señalamiento de Fernández es que Boza también es la viceministra de Justicia y, al mismo tiempo, la directora interina de Adaptación Social, lo cual provoca que “la toma de decisiones de la Administración Penitenciaria está concentrada en una única persona”.
Según el reglamento N°41109 JP, las funciones del viceministro (a) de esa rama son:
1. Coordinar lo necesario para fortalecer la Dirección General de Adaptación Social, en todo lo referente a la adecuada gestión técnica y profesional del sistema penitenciario nacional.
2. Velar por la seguridad en los centros, unidades y oficinas del sistema penitenciario nacional.
3. Ejecutar las políticas nacionales en materia de criminalidad y lucha contra la delincuencia.
4. Cualquier otra que le encomiende o delegue el ministro (a) de Justicia y Paz.
Mientras que la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social indica que su director será, después del ministro de Justicia, “el funcionario de más alto rango y el ejecutivo de la política ministerial en el campo penitenciario”.
Para Danicio Fernández, ejercer estos puestos significan no solo un abuso sino que un “claro conflicto de intereses, (...) ya que afecta así los frenos y contrapesos del estado” y por ello pidió investigarla por desobediencia a la autoridad y tráfico de influencias.
Tras esos señalamientos, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, indicó en esa misma audiencia que el trabajo de Boza no corría ningún conflicto de intereses porque ella realiza “funciones de ponerse y quitarse el sombrero”, lo cual no fue de recibo para Fernández, quien calificó de “absurda esa dualidad funcional y esa justificación (de la jerarca)”. Por ello, el juzgador Alvarado Miranda dio la razón al defensor y ordenó testimoniar piezas en contra de Boza Chacón, lo cual está en trámite en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ministra también bajo la lupa
En esa misma audiencia en la que el juez ordenó investigar esos nombramientos, también pidió un testimonio de piezas contra la titular del Ministerio de Justicia, Fiorella Salazar, y contra Boza por desobediencia a la autoridad judicial, incumplimiento de deberes y falso testimonio.
La decisión se dio porque, según Alvarado, la cartera desobedeció la orden de cierre técnico de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en Alajuela, la cual se dictó en julio del 2019 y prohibía que se ingresara ni un solo reo más. Pese a esto, Justicia autorizó el ingreso de reclusos, a quienes mantuvo en el gimnasio del centro en condiciones no óptimas para convivir.
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Danicio Fernández denunció lo ocurrido y esto provocó que se desarrollaran audiencias para escuchar a las partes. Como parte de estas diligencias, la directora del Instituto Nacional de Criminología (INC), Patricia Araya Rojas, brindó su declaración; no obstante, fue catalogada por el juez como una testigo complaciente. Se presume, incluso, que ella incurrió en el delito de falso testimonio “en aras de complacer a sus jerarcas”, por lo que también será investigada penalmente, concluyó el juzgador Alvarado.