El jefe del Archivo Policial del Ministerio de Seguridad, de apellido Ortega, fue declarado inocente de recibir dinero por parte de un empresario que habría pagado por un trámite de toma de huellas.
Al contrario, otro funcionario de apellido Ramírez, quien era sub- alterno de Ortega, fue hallado culpable por ese delito y condenado a dos años de prisión, pero quedó en libertad gracias al beneficio de ejecución condicional de la pena.
Además fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de cinco años.
El fallo lo dictó el lunes pasado el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea, formado por los jueces Mauren Iong, Mercedes Muñoz y Hugo Porter.
Ellos consideraron que no hubo acuerdo entre los imputados para llevar a cabo el delito de concusión que les atribuía la Fiscalía.
Cobro. Por este caso, Ortega y Ramírez fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en mayo del 2011.
Según el Ministerio Público, los hechos que originaron la acusación ocurrieron un par de años antes, cuando un empresario de la zona sur pagó unos ¢300.000 para que funcionarios del Ministerio de Seguridad viajaran hasta allá para tomar las huellas digitales de unos 40 agentes privados.
La Fiscalía alegaba que Ortega autorizó que se hiciera la gestión fuera de la oficina, mientras que los abogados de la defensa sostenían que se trataba de una práctica común dentro de ese ministerio y explicaron que el dinero correspondía a hospedaje y alimentación.
No obstante, los jueces señalaron que era inaceptable que un funcionario recibiera plata por cumplir con sus labores.
Reclamo. Rafael Rodríguez, abogado que representa a Ortega, explicó ayer que ahora continuarán con otro juicio que llevan en la vía contenciosa-administrativa.
“En sede administrativa se había demostrado que no era prohibido hacer la toma de huellas fuera de la institución y, a pesar de eso, se procedió a despedirle (a Ortega)”, manifestó.
Rodríguez calificó esa acción como una “violación del proceso”, pero destacó que esta quedó suspendida como una medida cautelar, por lo que Ortega se encuentra reinstalado en su puesto.