El Tribunal Penal de San José absolvió la tarde de este lunes de todos los cargos al sacerdote Hugo Brenes Villalobos, detenido en enero del 2019 como sospechoso de abandonar a su sobrino, de 6 años, en el desierto de Arizona, Estados Unidos, en junio del 2018.
En su justificación, el Tribunal relató que los hechos acusados no constituyen los delitos de tráfico ilícito de migrantes o de abandono de incapaz que se le atribuían al imputado.
En cuanto al abandono de incapaz el Tribunal lo descartó debido a la amplia coordinación que hizo la mamá del niño para que llegara bien a ese país. Lo anterior pemitió que el sacerdote llevase al niño hasta el lugar donde existía mayor la probabilidad de que lo hallaran las autoridades estadounidenses, como de hecho ocurrió y que así se activara el protocolo que lo llevó hasta su madre.
Para las juezas nunca se puso en peligro ni la salud, ni la vida del menor, ya que el cura siempre estuvo pendiente de que no quedara abandonado ni en desamparo. Se desmintió que estuviera en medio del desierto o que hubiese caminado solo por el desierto de Arizona. Más bien el tribunal logró determinar con los mapas que un adulto entró y dejó al niño a solo 20 metros de la barrera fronteriza.
El cura se aseguró de que el niño fuera recogido por la Policía. Además estaba bien alimentado e incluso con una botella de agua al momento en que lo encontraron las autoridades.
En cuanto al delito de tráfico de migrantes, técnicamente el tribunal afirmó que no se afectó ninguno de los bienes jurídicos tutelados en la Ley General de Migración Extranjería (N.° Nº 8764), como son la integridad, la salud y la vida de las personas migrantes. Lo anterior porque el sacerdote tuvo siempre bajo control al niño, conforme al plan que la madre del menor desarrolló
“Por falta de tipicidad de la conducta y por carencia de antijuricidad material, el tribunal concluye que no hubo delito”, dijo el abogado Mesén.
Durante sus conclusiones Mesén sostuvo que la acusación se basó en “mentiras groseras”, pues el sacerdote solo atendió el deseo de una mamá de estar con su hijo y el del menor de reencontrarse con ella.
Ahora Brenes está a la espera de que la sentencia quede en firme, en caso de que no haya apelaciones, para retomar su vida normal. En el debate no había pretensiones de cobro o acción civil resarcitoria.
El sacerdote, de 51 años, estuvo en la lectura del por tanto y según Mesén, se mostró muy contento porque desde el inicio había planteado que su actuación no encuadraba con los delitos acusados. Sostuvo que siempre actuó con el fin superior de velar por la vida del niño que, al quedarse sin posibilidad de obtener la visa, entró en depresión al pensar que nunca podría reencontrarse con su madre y hermanas.
Rechazo a pretensiones
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes había solicitado ocho años y seis meses de cárcel contra el sacerdote, mientras que Minor Zamora, representante legal del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), solicitó 10 años de cárcel por el delito de tráfico de personas y seis meses por el delito de abandono de incapaz. Ambas peticiones fueron rechazadas por el Tribunal.
Todas las medidas cautelares como firmar en el juzgado, impedimento de salida del país y la prohibición de tener contacto con el niño y la madre se cumplieron a cabalidad por parte del sacerdote desde que le fueron impuestas.
Ahora Brenes anhela superar el proceso que, en paralelo, se desarrolla en el ámbito eclesiástico y volver a la labor pastoral en lo que considere oportuno su obispo, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora.
La diócesis de Tilarán Liberia aún no ha emitido criterio en torno al caso, a la espera del tiempo prudencial para que el proceso quede en firme, según expresó la Comisión de Comunicación de esa diócesis.
El Tribunal, estuvo integrado por las juezas Krycia Zamora Pérez, Bianka Wiciak Chavarría y Mariana Ramón Fernández. La sentencia se dictó a la 1:30 p. m. en la sala N.° 7 de los Tribunales de San José.