El sindicalista Orlando Barrantes Cartín, quien permanece en prisión preventiva debido a una condena de 12 años por cargos de secuestro a policías, está, desde este sábado, en el Hospital de Guápiles (Limón), debido al deterioro de su salud.
Barrantes, dirigente sindical y presidente del Foro Nacional de Vivienda, entró en un estado depresivo desde su reclusión, el pasado 16 de setiembre, en el centro penal La Leticia, en Pococí, comentó su cónyuge, Telma Espinoza.
Barrantes fue condenado ese día, junto con Iván Angulo Vargas, regidor municipal de Pococí y miembro del Movimiento Libertario, por la autoría intelectual de un secuestro extorsivo a cuatro policías durante una protesta de agricultores, a finales del 2000, en Guápiles.
El fallo recibió las críticas de los diputados libertarios y del Frente Amplio, quienes defienden la inocencia de ambos líderes comunales .
Espinoza manifestó que la sorprendió el estado de salud de su esposo cuando lo visitó durante el sábado: “Sus compañeros me dijeron que no comía, que solo pasaba acostado. En el hospital le encontraron una neumonía y una insuficiencia renal aguda”, explicó.
Decisión criticada. El caso de Barrantes y Angulo ha pasado por tres juicios. En el 2000, un tribunal calificó el hecho como una retención para una condena de tres años . La Fiscalía apeló la sentencia y, en el 2013, se absolvió por dudas a los dos imputados.
Este año, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la zona atlántica dictó sentencia condenatoria y ordenó prisión preventiva de 6 meses, mientras el fallo queda en firme.
El 17 de setiembre, los congresistas Otto Guevara y Gerardo Vargas presentaron un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional , pues consideran que la prisión preventiva fue “injustificada” y “extralimitada”.
Jorge Méndez, quien en cierto momento fue el abogado defensor de los acusados, calificó de “burlesca” a “la diversidad de tribunales, sentencias absolutorias y condenatorias, penas y calificaciones legales que han ocurrido en este proceso y que han llevado a la anulación del fallo en varias ocasiones.
“Nos encontramos ahora ante una prisión preventiva que parece inaceptable en un Estado democrático, impuesta antes de permitírseles elaborar en libertad la apelación o casación de su sentencia condenatoria”, agregó en un artículo publicado en La Nación.
Reynaldo Villalobos, director general de Adaptación Social, informó de que el imputado permanece estable y estará en el hospital hasta que los médicos brinden un diagnóstico concreto.