Siete funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) fueron detenidos la mañana de este miércoles como sospechosos del delito de peculado, luego de que se les vinculara con la sustracción del dinero de incapacidades falsas.
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la captura ocurrió en 12 allanamientos simultáneos dentro de siete casas ubicadas en Palmares, Grecia y San Ramón de Alajuela; en la sede central del INS en San José y en oficinas de la entidad en Sarchí, Grecia, Palmares y San Ramón.
Los imputados son tres hombres y cuatro mujeres con edades entre 22 y 47 años. Fueron identificados con los apellidos Salazar Rodríguez, Pacheco Rodríguez, Solano García, Araya Salas, Chaves Alvarado, Alvarado Lizano y Jiménez Herrera, quienes se encuentran a las órdenes de la Fiscalía donde se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valoraran las medidas cautelares.
Según la pesquisa, los hechos ocurrieron cuando estas personas laboraban en los puntos de venta del INS en los cantones alajuelenses antes mencionados.
Se presume que los sospechosos aprovecharon sus puestos y manipularon el sistema informático de Riesgos de Trabajo para crear incapacidades falsas de personas en condición migratoria irregular que en algún momento, en el pasado, estuvieron incapacitados, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Posteriormente, sin que las personas aseguradas lo solicitaran o estuvieran enteradas, los imputados, al parecer, gestionaban el reemplazo de tarjetas de débito prepago, las cuales se encontraban a nombre de los afectados en el régimen de Riesgos del Trabajo. Presuntamente, ese cambio lo justificaban como concepto de extravío, robo, retención y otros motivos aparentemente falsos”, indicó la Fiscalía.
Una vez con las tarjetas en su poder, los sospechosos habrían acreditado pagos de las incapacidades inexistentes y luego sustraían el dinero, el cual debían administrar por el cargo que ostentaban. El OIJ estimó que el perjuicio económico sufrido por el INS ronda ¢150 millones y que los sospechosos gastaban el dinero en supermercados y sitios turísticos.
En un comunicado de prensa, el INS señaló que la institución detectó tiempo atrás, producto de una investigación interna, una serie de comportamientos en apariencia irregulares, por lo que en conjunto con la FAPTA buscaron esclarecer lo acontecido.
“De conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal, en este momento no se pueden brindar mayores detalles sobre el supuesto de hecho bajo investigación, tanto desde la perspectiva administrativa como penal, motivo por el cual se agradece la comprensión del caso”, explicó la aseguradora.
El caso se mantiene en investigación dentro de la causa 23-000049-1218-PE.